La remoción de José Luis Vargas Valdés, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electores (FEPADE), ha dado pie nuevamente a la especulación sobre el potencial uso político del aparato de justicia del Estado. Aunque el Presidente Calderón hizo uso de su facultad de remoción, adscrita en el artículo 89 constitucional, para llevar a cabo la destitución del titular, el momento en el que se lleva a cabo es inoportuno y da lugar a que la oposición lo catalogue como una acción de estrategia electoral.
Ésta no es la primera vez que el PRI se queja de ser víctima de acoso político por parte del Ejecutivo Federal en tiempos recientes. Ejemplo de esto son las averiguaciones en contra de tres exgobernadores de Tamaulipas y el intento de anulación de la elección de Michoacán. En esta ocasión Pedro Joaquín Coldwell, presidente del PRI, ha exigido a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación sobre la decisión de remover al titular de la FEPADE pues argumenta que dicho cambio contamina el proceso electoral, a la par que considera que las credenciales de la nueva titular no son las apropiadas. Un punto importante a señalar es que no todos los partidos de oposición se han manifestado en contra de la decisión de la PGR. En este sentido, el PRI podría estar anticipando un uso de la Fiscalía en contra de personajes priístas, lo cual en el escenario de una contienda electoral más reñida, y dado el historial de algunos actores del PRI, podría tener altos costos para el partido. Es importante recordar que la nueva titular de la FEPADE, Imelda Calvillo, es experta en temas relacionados con lavado de dinero y recientemente el PRI ha dado indicios de prácticas que podrían estar relacionadas con este delito –como el transporte 25 millones de pesos en efectivo en un avión del gobierno de Veracruz.
Mucho se ha dicho de la posibilidad de que el Gobierno Federal vuelque su estructura en favor de la candidata de su partido y el uso de la FEPADE podría formar parte de esta estrategia. No obstante, sin importar si existe una justificación válida para la destitución de su titular, las condiciones en las que se tomó esta decisión -tiempo y forma de comunicación- posibilitan esta interpretación. La burbuja que se ha creado a partir de un acontecimiento de menor relevancia -dada la poca efectividad de la FEPADE en la persecución de delitos electorales- podría servir como aprendizaje para la administración de Calderón sobre la importancia de tener una comunicación asertiva, talón de Aquiles de su gobierno. Errores como éstos, además, en caso de resultar ganadora Josefina Vázquez Mota en la elección presidencial, podrían costarle al PAN la legitimidad del triunfo. Y si bien la destitución ejercida por el Ejecutivo es del todo legal, no hay duda que contribuye a incrementar la percepción de un Presidente activista y que de obtener su partido la victoria habría creado el ánimo y la animadversión necesaria para que el PRI impugnara la elección.
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