El 19 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la disolución y liquidación de Ficrea, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), por ejecutar operaciones ilícitas que concluyeron con un fraude por 2 mil 700 millones de pesos (mdp) (cifra equivalente al doble del presupuesto destinado al programa “PROCAMPO Productivo” en 2013). En cierto sentido, no resulta tan sorprendente que una institución del sistema financiero mexicano termine en problemas por cuestiones de corrupción. Sin embargo, lo relevante es que el caso Ficrea demuestra cómo, por una parte, las Sofipos no necesariamente están cumpliendo con su mandato de atender a los sectores más vulnerables; y, por la otra, que a pesar de la reciente aprobación de una reforma financiera cuyo mandato trata el tema de fortalecer a los reguladores del sistema, se vuelve a estar frente a un caso donde sólo hay dos posibles explicaciónes: negligencia o corrupción.
Las Sofipos son instituciones financieras del sector privado, autorizadas para operar cuentas de ahorro, tarjetas de débito, expedir créditos, fondos de retiro, seguros y otros productos financieros. Las 45 Sofipos que operan en México cuentan con una cartera de crédito de 20 mil 145 mdp, de la cual Ficrea representaba más de 30 por ciento. Estos organismos se supone están enfocados a atender de manera primordial al mercado de bajo ingreso que no tiene acceso, o bien no acude a los bancos convencionales. No obstante, en el caso de Ficrea, se presenta el ejemplo –entre otros—de que 120 millones de pesos fueron invertidos por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a fin de atender necesidades financieras como los fondos de retiro de sus magistrados, es decir, no precisamente el tipo de usuarios al cual se enfocaría una Sofipo.
La ingeniería del fraude de Ficrea consistió en una triangulación de recursos. Al solicitar el crédito, se requería la firma del usuario en dos contratos, implicando un doble adeudo. El primero por un crédito con Ficrea, y el segundo por un arrendamiento puro –no financiero– con la empresa Leadman Trade, Baus & Jackman o Monka Comercial. Las dos primeras pertenecen a Grupo Trade, propiedad de Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de Ficrea. El fraude puede ser atribuido al oportuno aprovechamiento de lagunas regulatorias o a la complicidad intencional con los reguladores gubernamentales. Por un lado, la CNBV no cuenta con facultades para supervisar e inspeccionar empresas de la naturaleza jurídica de Leadman o Baus & Jackman. Por otro lado, el desempeño atípico de Ficrea en años recientes debió de ser suficiente para justificar una intervención más anticipada. Esto debido a tres motivos. Primero, en los últimos años, Ficrea tuvo un crecimiento anormal con respecto a las demás Sofipos; segundo, la institución ofrecía una tasa de interés de doble digito no correspondiente al mercado; tercero y muy significativo, la calificadora HR Ratings ya había advertido desde 2012 el riesgo que implicaba que más de 90 por ciento de los pasivos de la empresa Leadman Trade pertenecieran solamente a Ficrea. Más allá del mecanismo utilizado para el desvío de recursos, lo cierto es que hoy los defraudados cuentan con un limitado seguro sobre sus ahorros, que sólo protege a cada usuario por un monto de 131 mil pesos (monto que si es suficiente si se atiende al público objetivo). La CNBV señaló que sólo 42 por ciento de los 6 mil 800 clientes de Ficrea recibirá la totalidad de sus depósitos y el pago restante dependerá de la venta de la cartera vencida de Ficrea.
Un fraude de estas proporciones otorga una señal negativa a los consumidores, lo que desincentiva la demanda de crédito y la utilización de los servicios financieros. En este sentido, llama la atención que una calificadora como HR Ratings haya llevado a cabo la advertencia desde 2012, pero no así las autoridades mexicanas. Y una vez con esta información, la actuación de las instituciones correspondientes llegó con sumo retraso.
El caso Ficrea es el mejor ejemplo de cómo una reforma y una legislación apropiada en la letra, no va a funcionar si no viene acompañada de una operación y supervisión adecuada, pero sobre todo que su ejecución quede enmarcada en un estado de derecho sin excepciones. Si el problema fue de negligencia, se evidencia la incapacidad para poder operar una reforma. Si la cuestión responde a corrupción, se vuelve a generar un entorno de desconfianza en los usuarios del sistema, lo cual desnuda este tema como el principal “talón de Aquiles” del gobierno actual. En resumen, sin supervisión, sin instituciones sólidas, y sin un gobierno comprometido con abatir la corrupción, se seguirá viviendo en un mundo de simulaciones.
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