La filtración de información confidencial que forma parte de averiguaciones previas se ha vuelto una constante en México. Dichas filtraciones –que por lo general se dan a los medios de comunicación– se entenderían por una parte, como mecanismo de propaganda política sobre los supuestos avances de la estrategia de combate al crimen organizado y, por otra, como instrumento de acoso político. Estas filtraciones son violatorias, entre otras disposiciones, de la fracción XXVI del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Además de las filtraciones de información confidencial, se registran casos donde los presuntos delincuentes son también menores de edad cuya identidad e imagen es presentada ante medios de comunicación, contraviniendo incluso, tratados internacionales que México ha firmado y ratificado.
Estas acciones así como la presentación de presuntos delincuentes a los que a la vuelta de un tiempo no se les comprueba culpabilidad –pero ya se les juzgó en los tribunales de la opinión pública– no hacen si no contribuir al deterioro de la imagen de las instituciones ante la ciudadanía y, eventualmente, del Estado de Derecho en el país.
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