En la última semana hemos visto cuatro muertes de alto perfil y una fuga. Resulta tentador tratar de trazar conexiones entre los eventos, pero la información disponible es escasa. Lo que queda más bien son preguntas difíciles de responder. De Bayardo, por ejemplo, habría que cuestionarse hasta qué punto sus conexiones con la DEA y el FBI le permitieron salir libre de cargos que parecían blindados por sus propias declaraciones –conforme a la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada no debía salir libre sin culpa y convertirse en testigo protegido. De la muerte de Zambada Reyes y del propio Bayardo, habría que preguntarse si se ha emprendido una revisión a fondo del esquema de seguridad de delincuentes de alto perfil que pueden ofrecer información valiosa para el combate al crimen. De la muerte del General Esparza y del Gori 1, la pregunta sería hasta qué punto las fuerzas armadas pueden sentir la tentación de hacer justicia por cuenta propia y, quizá, recurrir a estrategias de enfrentamiento que tienen menos que ver con la acción policíaca y más con la lógica de contrainsurgencia.
La evidencia apunta a que el debate mediático y político, rebasado y hasta cierto punto insensibilizado por la coyuntura, está dejando de plantear las preguntas correctas. Es precisamente en esta coyuntura en la que hay que privilegiar el análisis; no optar por la estridencia, pretendiendo que un puñado de casos documentados son evidencia incontrovertible de un patrón sistemático y organizado, como es el caso de Amnistía Internacional; pero tampoco dar por buena la información de propaganda y contra propaganda que traza líneas y sospechas que no se pueden comprobar. Si se ha de cuestionar el rumbo tomado, y se debe hacer, es necesario preguntarse por qué hay tan poca información de lo que está pasando.
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