El Ejecutivo Federal cumplió con presentar un Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. Sin embargo hizo poco por ir más allá del cumplimiento. Y es que la obligación del Ejecutivo –establecida por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010– es presentar un programa de alcance plurianual, que disminuya el gasto de operación y compacte sus estructuras administrativas cuidando que no se afecte la prestación de servicios públicos ni la operación de programas sustantivos. Pero en ningún momento está obligado a establecer una meta específica de ahorro (ni en términos absolutos, ni relativos respecto al PEF). Por lo tanto cualquier nivel de ahorro es suficiente para cumplir con el mandato.
El recorte de 40,100 millones de pesos propuesto en el gasto del Gobierno Federal de inmediato fue calificado de insuficiente por legisladores del PRI. Y los reclamos son comprensibles considerando que los ahorros deberán ser canalizados al rubro de inversión. Ello es relevante toda vez que el gasto en inversión puede realizarse en los estados, sin duda conveniente para el PRI. Además, el gasto del próximo año será clave en el proceso electoral del 2012.
Más allá de la los reclamos entre políticos, lo cierto es que un programa de ahorro que no contemple un reajuste de metas, tanto relativas al Plan Nacional de Desarrollo como a los distintos programas estratégicos, sólo habrá recortado gasto sin ningún efecto programático. Es decir, no hará más eficiente ni la estructura burocrática ni los programas públicos.
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