Las circunstancias y casualidades que rodean la detención de Jorge Hank Rhon dan pie a sospechas sobre las intenciones políticas del Gobierno Federal en el caso. Más allá de que haya existido o no esta intencionalidad, lo cierto es que será muy dificil convencer a la opinión pública de lo contrario, y no sólo por las características propias de caso -menos por las implicaciones que deseen encontrarse en una elección más que decida como lo es la del Estado de México- sino por el desempeño previo de la Procuraduria -particularmente en el caso de los alcaldes en Michoacán- y, sobre todo, por la aparente convicción de esta administración de impedir a toda costa el regreso del PRI a la Presidencia.
Dejando de lado intenciones, el escenario que se está construyendo rumbo al 2012 con estos sucesos es el del uso político electoral de las detenciones. Las consecuencias de esto son graves por donde se vea. Antes que nada porque implican un debilitamiento de las instituciones involucradas -por los atropellos cometidos, las fallas en el seguimiento del debido proceso y la incapacidad de procesar de forma contundente a sujetos con una fama pública cuestionable.
En el ámbito político, esto crea desde luego incentivos al cuestionamiento de las autoridades, pero bajo ciertas circunstancias tambien a la revancha entre grupos políticos. Es por ello que sí la intención del Gobierno Federal era enviar una primera señal de amenaza a los priístas rumbo a 2012 -que los obligara a moverse a una estrategia defensiva- para comenzar a construir así el discurso del PRI ligado a la corrupción y el crimen, seguramente tendrá entre sus calculos la posibilidad de despertar en el PRI el ánimo de ajustar cuentas si logran ganar la Presidencia.
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