La detención de Hank Rhon y las acusaciones de enriquecimiento ilícito en contra de Chaires Yáñez, cercano colaborador de Humberto Moreira, aparentan ser un esfuerzo con fines políticos en contra del PRI que, para cumplir su propósito, intenta incidir en el proceso judicial. Mientras tanto, la reciente detención de Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas, revela el uso político que se hace de las instituciones judiciales al interior de los estados.
En los estados prevalece una dinámica de control absoluto por parte de los gobernadores. Mientras tanto, desde 1997 el Ejecutivo Federal ha estado más sujeto a la competencia política, la alternancia y la visibilidad mediática, esto ha mermado las antes atribuciones metaconstitucionales del Presidente de la República y ayudado a separar los intereses del Ejecutivo y el Judicial. Durante la última semana se presentaron dos sucesos que lo ilustran. Los esfuerzos de increpar a Hank fueron desestimados por una juez que atendió el debido proceso y observó la falta de evidencia presentada ante ella. El caso de Salazar da pie a sospechas de un uso político de las instituciones judiciales estatales, en particular por la volatilidad de las responsabilidades fincadas a él y la dilación en resultados -si bien el procesamiento del personaje también se debería a una prepración e investigación más consistente del caso.
Cómo abordar la transición de gobierno es hoy una gran preocupación, por el temor al ajuste de cuentas, para las cabezas de los Ejecutivos, federal y locales. En Oaxaca, por ejemplo, Ulises Ruiz adelantó auditorías y, en consecuencia, las resoluciones judiciales al respecto de irregularidades financieras. De esta forma, Gabino Cué está encontrando muchas dificultades en armar un caso que enjuicie al antiguo Secretario de Finanzas del estado, en particular, porque el caso ya lo desestimó un juez local durante la gestión de Ulises Ruiz. Es decir, los gobernadores elaboran estrategias sofisticadas para la transición toda vez que quieren evitar ser víctimas de la ausencia del Estado de derecho que ellos preservaban. El caso de Salazar ejemplifica que los mecanismos de protección que intentó dejar en la transición fueron insuficientes y ahora, el exgobernador del estado, es vulnerable al uso político de las instituciones de justicia local.
Más allá de si los involucrados -Hank y los que le sigan- tengan o no cola que les pisen, queda claro que en este país, ante el temor a la transición, las cabezas del Ejecutivo, ya sea federal o local, ven en sus próximos procesos electorales como un tema de vida o muerte que sus candidatos ganen su respectiva elección.
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