Homologación del IVA en fronteras: ¿una batalla perdida?

Competencia y Regulación

El pasado 18 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2014 y la remitió al Senado para su discusión. Los diputados previeron una recaudación de 4 billones y medio de pesos, tan sólo 10 mil millones (0.2%) menos que la propuesta original del Ejecutivo. Al final se decidió la exclusión de una serie de impuestos impopulares como el IVA a colegiaturas e hipotecas, pero se mantuvo el grueso de la propuesta. Entre los impuestos intactos se encuentra la homologación del IVA en la franja y región fronteriza. Dada la controversia inmediata generada por tal medida, cabe preguntar sobre sus eventuales implicaciones y la posibilidad de su reversión en la discusión en el Senado.
El IVA diferenciado (actualmente del 11% y aplicado en los dos estados de la península de Baja California, Quintana Roo, y algunas localidades de Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila) se ha sostenido bajo la justificación de impulsar la competitividad en la región frente a los países vecinos. En este sentido, el IVA diferenciado ha cumplido con su objetivo al favorecer el comercio en la región y la atracción de inversión. De hecho, recientemente algunos ediles y legisladores han exigido la ampliación de este régimen para beneficiar a más regiones aledañas. Sin embargo, el IVA diferenciado ha sostenido una competitividad de forma artificial, la cual ahora se ve amenazada con la homologación. Su incremento implicará un reacomodo económico, muy probablemente atacado por medio de recortes para ajustar los gastos. Además de la homologación, el nuevo impuesto del 16% de IVA a las importaciones temporales de las empresas Immex (industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) es otra medida –menos comentada- que también incidirá en la pérdida de competitividad al dificultar el flujo de capital. Este impuesto afectará a toda la industria de exportación en el país, pero en especial a la zona fronteriza por la relevancia de este sector en la región.
La aprobación del presupuesto aún está sujeta al visto bueno por parte de los senadores. Al respecto, los panistas se han pronunciado de forma tajante en contra de la homologación y han anunciado su intención de revertirlo. Si consideramos que el PRI suele votar en bloque y una parte significativa del PRD ha dado su anuencia al alza, las posibilidades reales de impedir su incremento no son muy altas. Su reversión dependería de lograr una alianza con las fuerzas perredistas en el Senado. De otra forma, la posición del PAN tendría como único objetivo la elevación de los costos políticos para los partidos que han aprobado este aumento. Quizá el PAN lo único que pretenda (pensando sobre todo en el electorado norteño) sea dejar patente su postura opositora –en esos esporádicos afanes de recordar su identidad.
La homologación del IVA puede vincularse con otros temas a discutirse próximamente en el Congreso, como la reelección legislativa. Cabe preguntarse cuántos de los actuales legisladores provenientes de la región fronteriza hubieran pensado dos veces antes de votar a favor de dicho impuesto impopular si su reelección estuviera en juego. Hoy en día, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas hacia sus electores favorece que existan menos resistencias para votar en contra de los intereses de quienes los votaron. Por último, es importante señalar que si el objetivo de la reforma giraba sólo en torno a lograr un aumento en la recaudación (como parece ser) una apuesta más audaz habría sido implementar medidas integrales cuyo propósito consistiera en aumentar la base gravable y no en acciones en específico que, si bien aumentarán los ingresos (a un máximo histórico), lo harán en detrimento de la competitividad.
Este último punto es crucial: el problema de la ley de ingresos no reside en las medidas específicas que abarca, incluyendo a temas impopulares y otros polémicos (como el relativo a los refrescos y alimentos llamados “chatarra” o la consolidación fiscal), sino a la ausencia de una estrategia fiscal integral que, por tener esa característica, fuera más defendible. Aunque intitulada “reforma hacendaria”, acabó siendo no más que otra miscelánea de las muchas que se han presentado a lo largo de los años.

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