El 18 de enero de 2013, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) eligió –en sesión a puerta cerrada (algo curioso si se considera que el IFAI tiene como principio rector la transparencia) — a quien será su próximo presidente: Gerardo Laveaga Rendón. Después de que trascendió cómo los cinco comisionados requirieron varias rondas de votación para decidir quién sustituiría a Jacqueline Peschard al frente del instituto, se dejó entrever la falta de consenso tras varias semanas de jaloneos previos al seno del organismo. Ahora bien, en una institución colegiada como el IFAI, ese tipo de discrepancias no son criticables, siempre y cuando no obstaculicen sus funciones o, peor aún, dañen su prestigio y credibilidad. Por tanto, la transición no debió haber encarado mayores conflictos, pero no fue así. El bochornoso incidente acaecido durante la ceremonia de toma de protesta de Laveaga como comisionado presidente, llevada a cabo el 21 de enero pasado, debiera ser analizado no tanto a partir de la perspectiva del escándalo, sino de cómo podría estarse sentando un escenario que “justifique” la imperiosidad de modificar la estructura actual del IFAI.
Desde la etapa de transición de gobierno, el equipo de Enrique Peña Nieto presentó, a través de las bancadas senatoriales del PRI y el PVEM, una iniciativa encaminada a redefinir el funcionamiento del régimen federal de transparencia y rendición de cuentas. Como se recordará, la propuesta incluía darle autonomía constitucional al instituto, aunque también se incrementaría la membresía de ese órgano colegiado de 5 a 7 personas (las dos adicionales ya serían designadas por Peña como presidente). Asimismo, en el corto plazo, el IFAI de por sí tendrá una vacante en 2014 cuando la comisionada Peschard culmine su gestión. Cuando se dio a conocer el contenido de esta propuesta, no faltó quien especuló respecto al significado de la ampliación del pleno como una manera de “equilibrar” su composición. Cabe señalar que todos los comisionados fueron postulados durante la administración Calderón, si bien no todos fueron (o son) precisamente cercanos al ex mandatario. Sin embargo, ante los acontecimientos recientes, la tentación de eliminar el artículo tercero transitorio de la iniciativa referida, el cual establece que los comisionados hoy en funciones permanecerán en su oficio hasta la conclusión de su mandato, puede adquirir fuerza.
Las descalificaciones personales que hizo uno de los comisionados contra el presidente del pleno, así como los severos cuestionamientos contra las dos comisionadas que inclinaron la balanza a favor de Laveaga en la elección, al acusarlas de no actuar bajo “la ética de la responsabilidad”, además de haberse realizado en un contexto inapropiado –es importante no confundir transparencia con indiscreción—, no aportaron nada bueno al entorno del IFAI. Más allá de que la participación del comisionado Ángel Trinidad fue desafortunada en muchos aspectos, sus dichos han dejado suficiente madera a fin de que alguien, si así fuera su intención, avivara un incendio de consecuencias graves para el sentido y utilidad del instituto. Por lo pronto, Laveaga tendrá sobre sí el reto de fungir como comisionado presidente con profesionalismo, conocimiento, eficiencia y carácter. En este tenor, la conducta y desempeño de todos los comisionados integrantes de la “caja de cristal”, igualmente estarán bajo un mayor escrutinio en los próximos meses. También es cierto que, aunado a las reformas constitucionales todavía en proceso, el marco normativo de la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, la protección de los datos personales necesita afinarse (por ejemplo, integrando como sujetos obligados a los partidos políticos). Si los distintos actores involucrados no muestran un compromiso real con estos temas propios de las democracias modernas, se estarían dejando “en bandeja de plata” para ser devorados por la irrelevancia.
Más allá del propio IFAI, los hechos evidenciados en esta entidad deberían obligar a repensar el esquema de autonomía que prometió el hoy presidente Peña. Autonomía implica responsabilidad e institucionalidad, elementos que han estado muy lejos de ser la norma en las diversas entidades de regulación que, como el IFAI, han asumido tareas centrales para el funcionamiento de la economía y del sistema político y electoral. La noción de conferir autonomía sin sólidas y confiables anclas institucionales podría acabar convirtiendo a estas entidades en cajas de Pandora.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
