Este jueves 12 de julio, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Coalición Movimiento Progresista, utilizará la figura del juicio de inconformidad en la elección presidencial – dado por el artículo 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral – con la intención de anular los comicios presidenciales. El principal argumento de la candidatura de izquierda es que el principio de equidad en la competencia electoral fue violado por el uso indebido y excesivo de recursos por parte de la campaña de Enrique Peña Nieto. El expediente será presentado ante el Consejo General del IFE –quien lo turnará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- y estará centrado en tres puntos: la compra y coacción del voto, el rebase de gastos de campaña, y la violación del principio de equidad, sobre todo en radio y televisión. Seguramente destacarán como elementos de prueba las tarjetas prepagadas de Monex y Soriana, las cuales se presume habría entregado el PRI a representantes de casilla y a ciudadanos en general a cambio de su sufragio.
Ante este escenario de impugnación, cabe resaltar tres puntos. En primer lugar, los partidos y coaliciones participantes en la elección son los únicos que pueden introducir juicios de inconformidad ante las autoridades electorales. En este sentido, la coalición de izquierda se ha quedado sola en su aventura rumbo a la anulación de los comicios. Gustavo Madero –presidente nacional del PAN—ha declarado que su partido no cree que existan elementos para justificar una impugnación general de la elección. Del mismo modo, el presidente Calderón señaló que la autoridad electoral debe sancionar y castigar la compra ilícita de votos, pero desconoce si las presuntas pruebas que se tienen de ello sean suficientes para descalificar el proceso. Este comportamiento de la cúpula panista podría tener ciertas similitudes con lo hecho por los priistas durante el conflicto poselectoral de 2006. En aquel entonces, el PRI tampoco acompaña a AMLO en la solicitud del “voto por voto, casilla por casilla”, y mucho menos se suma al bloqueo de la tribuna de San Lázaro con el propósito de impedir la toma de posesión de Calderón. Sin embargo, la forma en que han actuado y reaccionado tanto los panistas como el presidente Calderón ha tenido el efecto de fortalecer a López Obrador y, más que nada, enturbiar el proceso en general.
El segundo punto es que, a diferencia de lo realizado en 2006, López Obrador sólo ha recurrido a manifestar su inconformidad por los resultados electorales desde la vía legal. En parte, su actuación ha elevado la legitimidad de su causa, ya que le ha dado a su electorado más fiel lo que éste pedía –es decir, no “rendirse” ante lo que consideran una injusticia—, sin aumentar los negativos en su contra –como le sucedió tras el plantón de Reforma. Además, no hay que olvidar que AMLO no es todo el PRD. La izquierda, en especial la más moderada, ha demostrado una capacidad interesante para ser competitiva en la búsqueda por los puestos de poder. No es un secreto que un alto porcentaje del triunfo de Miguel Ángel Mancera en el D.F., se debe a la buena calificación de la gestión de Marcelo Ebrard. De hecho, como para coronar el proceso, a la mitad de la discusión en la izquierda, Ebrard anunció que comenzará su campaña para la presidencia en el 2018 el día en que deje su actual puesto como Jefe de Gobierno en el Distrito Federal. Imposible un mensaje más claro. Así, Ebrard y sus grupos afines en el PRD saben que lo menos conveniente en este momento es una radicalización lopezobradorista.
Por último, es importante observar una debilidad fundamental en el argumento de compra y coacción del voto, derivado del diseño de la ley que lo regula. Resulta muy complicado comprobar el dolo de determinada acción en este respecto: podría ser relativamente fácil deslindarse –en caso de comprobarse—en cuanto a que tales o cuales dádivas, recursos o regalos fueron utilizados con un fin político-electoral que incidiera de manera directa en la intención del voto. En pocas palabras, la declaratoria de nulidad de la elección se ve muy lejana y la entrega de la constancia de mayoría al virtual presidente electo parece ser cuestión de unas semanas, tal vez días. Sin embargo, esto no debe distraer del tema de fondo. El uso indiscriminado, opaco y sin control ni sanción eficaz de recursos –lícitos o no—para la operación política (por candidatos, partidos o gobernantes), es algo que debe ser motivo de un acuerdo político para que no sea causa de un interminable conflicto. Por otra parte, la diversificación y sofisticación de los medios para repartir recursos –y, de hecho, todo el modelo clientelar de la política mexicana- dificultan su fiscalización. Como una de tantas imperfecciones del marco jurídico electoral en cualquier país, el asunto del dinero en campaña es uno de los más complejos de resolver.
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