Esta semana se ejecutó a más de un centenar de personas en el país, entre ellas, funcionarios de primer nivel (la ejecución de también de alto rango). Además, se ha amedrentado a otros más, quienes han preferido dejar sus cargos. Cada día es más difícil que personas calificadas acepten cargos de responsabilidad, como direcciones de reclusorios, áreas especializadas de investigación, etc. Parece inminente que el terrorismo del narco se enfocará ahora al siguiente peldaño de los funcionarios federales. Ha quedado claro que a pesar de que la autoridad ha dado fuertes golpes al hampa, la capacidad de violencia y operación de los grupos criminales no ha podido ser reducida. Las acciones de la inteligencia policial no han sido suficientes, y el reto de proteger la integridad física de los altos funcionarios no ha podido enfrentarse con éxito. El Estado debería intensificar sus acciones en todos los frentes, desde la política social y de salud hasta las instancias policíacas, pasando por el monitoreo hacendario y la promoción económica en las regiones en las que el narco ha impuesto su ascendiente. Esta lucha será de largo aliento y las perspectivas no son halagüeñas.
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