Previo a su visita de Estado al Reino Unido, el presidente Peña concedió una entrevista a la publicación británica The Financial Times, en la cual señaló que en México se vive un entorno de “incredulidad y desconfianza ”. Tras dos años de aparentes éxitos en la gestión del gobierno federal encaminada a sacar reformas sin precedentes en distintas materias, la administración Peña ha encarado una agresiva tormenta de críticas desde la opinión pública nacional, con su respectiva réplica a nivel internacional. El otrora “momento mexicano” se ha visto empañado por el escándalo, el descontento social y los cuestionamientos no sólo a la Presidencia de la República, sino al resto de las instituciones en el país. En sus palabras para la publicación mencionada, el mandatario hizo énfasis en su afirmación sobre que el gobierno en turno sí estaría consciente de la grave situación en México, en especial dado su pobre desempeño económico y el creciente malestar de la ciudadanía –particularmente la más interesada e informada. Diversos analistas consideran esta declaración como mera retórica de quien está ávido de salir al paso de las reprobaciones internas, pero con miras a ofrecer mayor certidumbre a los actores externos fundamentales en el éxito de la estrategia de imagen considerada indispensable en los planes de atracción de inversiones. Este punto es crucial en términos de las posibilidades de reportar buenos resultados derivados de reformas como la energética, la de competencia, la laboral, la de telecomunicaciones y todas aquellas vinculadas con la idea de México como la nación emergente que el mundo espera.
Si bien Peña pretende dar señales acerca de un legítimo interés en restaurar la confianza de los mexicanos, tanto en su gobierno, como en el desarrollo institucional del país, la realidad continúa delineando un escenario poco halagüeño. Los reproches de determinados sectores sociales a la forma de gobernar de la actual administración federal, podrían parecer una preocupación genuina de las autoridades. De hecho, a la luz del modus operandi desde Los Pinos, la sentencia de que no se está colocando en su justa dimensión la insatisfacción ciudadana, pareciera ser una verdad incontestable. No obstante, la apatía ciudadana alimentada por la corrupción, la impunidad y la lejanía del gobierno respecto al sentir de la sociedad, no termina por ser suficiente a fin de provocar una reacción de las autoridades. Se dice que el sistema autoritario ya no tiene cabida bajo las presentes condiciones del país: un público más crítico, una vigilancia más cercana de la sociedad civil frente al gobierno, la aparente pluralidad de opciones políticas, y la importancia de la presión desde el exterior. La realidad es que la experiencia indica que los incentivos siguen siendo muy reducidos para ocasionar una intención de cambio al estado de las cosas. En una palabra, la distancia entre los políticos y la sociedad sigue siendo enorme y una esfera no se comunica, ni influye mucho, sobre la otra.
Gabriel Zaid, en una célebre obra de 1979 titulada “El progreso improductivo” (la cual, por cierto, es citada en la nota de la entrevista del 2 de marzo en el Financial Times), no sólo aseguraba que la corrupción en México no era parte del sistema político, sino el sistema mismo, sino también subrayaba cómo la corrupción es una manifestación del ejercicio del patrimonialismo de las autoridades respecto a las instituciones nacionales. Para Zaid, la corrupción era la ilustración de cómo los funcionarios concebían sus potestades como una propiedad privada objeto de usufructo, en vez de una obligación inspirada en el bien común conferida por la mera tenencia del poder público. Así, a pesar de haber sido escrito hace más de tres décadas, el diagnóstico de Zaid continúa vigente con una crudeza desconcertante. Probablemente, el entendimiento que presume Peña de la realidad mexicana esté más en sintonía con la noción de tener la prerrogativa de ejercer el poder como un patrimonio y no con una vocación de servicio público. En perspectiva, aun con el descontento, las protestas, las observaciones de la opinión pública, y hasta los exabruptos de grupos económicos relevantes, la administración Peña ha conseguido, hasta el momento, sacar adelante su agenda. Cierto, los resultados económicos siguen sin ser los esperados e, incluso, los niveles de aprobación del presidente y su partido no se encuentran en cifras óptimas, Sin embargo, factores como el debilitamiento de la oposición partidista, la ausencia de propuestas factibles y el extravío programático por parte de la sociedad civil, así como las reacciones tibias de los principales actores económicos, acaban por hacer más o menos tolerables los índices de desaprobación gubernamental. En pocas palabras, la conservación del poder, el interés fundamental de las actuales autoridades, no está en riesgo. Por otro lado, un desacierto en la conducción de la situación, o falta total de conducción, podría generar una situación crítica.
En suma, el “sí entendemos” por parte del gobierno federal, más que un mero recurso retórico para llenar los ojos de la opinión pública internacional, podría significar una cínica visión de una autoridad relativamente segura de sí misma, confiada en la inacción del hartazgo, en el nutrimento de sus redes de complicidades, y en el recurso tan socorrido de la simulación impune. De esta manera, escuchar que la administración Peña sí está entendiendo la situación, más que un signo de ignorancia, resulta un inquietante signo de que, a pesar de los deseos de los defensores de la transición democrática y sus presuntas virtudes, las cosas continúan sin cambios esenciales.
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