Uno de los supuestos de la propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal es el combate a la informalidad. Sin embargo, los cambios planteados corresponden a reajustes de mecanismos tributarios en sentidos opuestos a esta intención. La propuesta del Ejecutivo busca recaudar más fondos a través de transferir recursos al erario desde la base de siempre, la de contribuyentes cautivos. Asimismo, a pesar de que la iniciativa ofrece algunos “incentivos” –sobre todo centrados en seguridad social— para quienes están en el sector informal (6 de cada 10 mexicanos dentro de la población económicamente activa) a fin de promover su incorporación a la formalidad, parecen ser más poderosos los disuasivos dadas las renovadas cargas tributarias a los principales motores de la economía: las empresas y las clases medias.
México es uno de los países más ineficientes en recaudación. Tan sólo 40% de la población económicamente activa está incorporada a un régimen fiscal regular o, dicho en otras palabras, 28 millones de personas no declaran al fisco. Aquí cabe acotar que los denominados “informales” sí pagan impuestos, aunque sólo sean aquellos al consumo (como el IVA), o los absorbidos en los precios de determinados productos (por ejemplo, el IEPS en alcohol y tabaco). En este sentido, si bien se han propuesto nuevos impuestos indirectos bajo fórmulas eufemísticas como el gravamen “ecológico” a las gasolinas (el deslizamiento de 8 centavos mensuales) o el impuesto “contra la obesidad” de un peso por litro a las bebidas azucaradas, la carga fiscal mayoritaria seguirá recayendo en quienes pagan el ISR y otros gravámenes de control de manera cautiva. Las personas físicas y morales registradas y sin capacidad de utilizar mecanismos de elusión (ingeniería contable diseñada para tomar ventaja de resquicios técnicos y legales a fin de reducir sus contribuciones) o, de plano, de evasión, continuarán llevando sobre sus hombros el grueso de la recaudación no petrolera. Esto se recrudecerá, en caso de aprobarse, con las nuevas limitantes en deducibles, la redefinición de los límites en gravámenes hipotecarios, de producción y de servicios que, según el criterio de la autoridad hacendaria, demuestran poder adquisitivo suficiente. También se agravará con la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), que si bien fue usado de forma abusiva con propósitos de elusión, constituye un apoyo a la clase emprendedora en ciernes.
Uno de los frutos de la estabilidad macroeconómica de los últimos años y de la disminución gradual de costos de bienes esenciales por la liberalización de importaciones y la apertura de nuevos mercados, había sido colocar a miles de familias al alcance de satisfactores característicos de las clases medias. La reforma podría ser regresiva en este aspecto. De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), los más afectados por los cambios en el IVA se observan en los deciles del primero al séptimo, siendo el tercero y el cuarto los más afectados (6.6% y 6.8%, respectivamente).
La informalidad es una válvula de escape a la cual miles de familias se han adscrito, generando un círculo vicioso que denota una autoridad cómodamente instalada en los resultados de la recaudación cautiva, pero timorata al momento de poner en regla a quienes evaden o eluden la ley. Las señales emanadas de la nueva propuesta de reforma hacendaria parecen indicar que el actual gobierno antepone el engrosamiento de sus clientelas burocráticas y electorales, por encima de un proyecto económico sustentable y responsable. La decisión de no aumentar la base gravable, así como no ajustar el ISR bajo un esquema de fomento a la productividad y no sólo recaudatorio, aparecen más como medidas políticas que como un impulso “para mover a México”.
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