Como parte de la aprobación del Presupuesto de Egresos para el próximo año, continúan las reuniones entre funcionarios del gobierno federal y las fracciones de los diferentes partidos, en especial del PRD y el PRI, para negociar un incremento en los recursos destinados a los rubros de educación, desarrollo social e infraestructura. Si bien es justificable el interés en apuntalar a la economía a través de políticas contracíclicas, lo que llama la atención es que las discusiones se centren en la cantidad de recursos y no en si los mecanismos para ejercer el gasto en esas áreas, en especial aquel destinado al rubro de infraestructura, son los adecuados en un entorno en donde la incertidumbre, la aversión al riesgo y el encarecimiento –o inclusive la ausencia– de recursos financieros será la norma y, en consecuencia, será más difícil realizar proyectos de coinversión y atraer inversión extranjera. Por otra parte, aunque para fines de elaboración del presupuesto estos recursos se etiqueten como “gasto” es necesario que en el proceso de análisis, decisión y ejecución de estos recursos no se pierda de vista que es la inversión y no el gasto, lo que permitirá superar la coyuntura económica adversa y fortalecer la posición de México en el nuevo entorno económico mundial.
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