La preocupación por recuperar la tranquilidad y hacer valer el Estado de Derecho fue un lema perenne en las agendas gubernamental, política y social durante todo el 2010. El tema fue abordado desde múltiples aristas y, casi siempre, como respuesta a algún suceso violento que incidió en la opinión pública.
El año inició con Ciudad Juárez como laboratorio de la estrategia gubernamental. Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas sufrieron episodios que no hacían sino consolidar la tendencia de violencia. Ante esto, el discurso de la violencia como fenómeno focalizado se transformó en secuela de comparaciones con otros países en la búsqueda de casos de éxito que México pudiera emular –aunque no fueran experiencias similares. Inspirándose en un esquema colombiano, el Ejecutivo Federal propuso un modelo de policía con mando único, proceso legislativo que fue frenado por los municipios que verían afectadas sus participaciones federales.
La mayor presencia del ejercito en las calles no logró revertir la percepción de inseguridad, pero sí vio cuestionada su labor como resultado de los civiles muertos en episodios que indican una mala praxis militar. El Ejecutivo Federal respondió enviando al Senado una iniciativa de reformas al fuero militar para juzgar tres delitos en tribunales civiles: violación, tortura y desaparición forzada.
Grupos de la sociedad levantaron la voz y el Ejecutivo estableció un canal para procesar sus opiniones a través de los “Diálogos por la Seguridad” con el objetivo de presentar una postura abierta al diálogo y de consolidar la narrativa gubernamental como la mejor explicación y solución al problema.
Capos del narcotráfico fueron detenidos y muertos en el año. El antecedente y resultado inmediato de estos sucesos parece ya constante, mayor violencia. Michoacán es hoy el foco de atención. La clase política sufrió el asesinato de alcaldes, legisladores, virtuales gobernadores y ex gobernadores. Si bien todas y cada uno generaron discursos de indignación y condenas, también evidenciaron la profunda división que existe en la clase política respecto al crimen organizado.
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