La reciente ola de inseguridad en el Distrito Federal, enmarcada en particular por los 25 homicidios durante el segundo fin de semana de 2013, ha hecho tambalear la imagen que durante la última administración capitalina se construyó acerca de “la ciudad más segura del país”. A pesar de estos últimos acontecimientos, dicha aseveración no ha sido del todo falsa, sobre todo a la hora de contrastar las cifras de incidencia delictiva en la capital de la República con la de la mayoría de los estados. Entre 2000 y 2010 se cometieron en el D.F. un promedio de 61 homicidios dolosos mensuales, esto implica 2 homicidios por día. Por lo tanto, hubo un crecimiento del 75% en la cifra promedio de homicidios entre el jueves 10 y el lunes 14 de enero que se presentaron los 25 casos referidos. De esta manera, esta escalada puede ser un fenómeno atípico, no necesariamente vinculado a un incremento general de la violencia en la ciudad o a la pérdida de control por parte de la autoridad. No obstante, a la luz de la cobertura en medios de los últimos días, todas estas cifras parecen irrelevantes. ¿Qué tan frágil es entonces esa imagen de ciudad segura?
En sus primeras semanas al frente del gobierno del D.F., Miguel Ángel Mancera ha sido incapaz de consolidar su liderazgo en diversas cuestiones, en este caso en algo donde su propio prestigio profesional estaría lesionado: la seguridad pública. Eventos tragicómicos como el de las jaurías asesinas del Cerro de la Estrella, hasta el de la “ola de violencia” del pasado fin de semana, han puesto en entredicho la actuación de las autoridades capitalinas. Ahora bien, en una urbe tan compleja como la Ciudad de México, la criminalidad y la violencia suelen ser fenómenos endémicos y, por qué no decirlo, inevitables. Los homicidios, el tráfico de drogas, los robos con y sin violencia, y demás delitos de alto impacto son cosas de todos los días. Entonces, ¿por qué han llamado tanto la atención los hechos recientes? Es incluso probable que se trate de un problema de pérdida de control, no tanto del ejercicio de la autoridad, sino de su agenda mediática. ¿Qué significaría esto?
A diferencia de sus antecesores, Mancera ha sido incapaz de establecer una agenda mediática sólida que regrese a la cotidianidad fenómenos como la delincuencia y la violencia (algo en lo cual, por cierto, el actual gobierno federal ha sido exitosísimo en pocos días). Como jefes de gobierno de la capital, tanto Andrés Manuel López Obrador como Marcelo Ebrard fueron bastante eficaces en su manejo de agenda. El primero, sentaba la línea de cobertura con sus conferencias matutinas; el segundo, rápidamente puso a funcionar una maquinaria mediática para colocar al D.F. como una de las urbes más cosmopolitas, vanguardistas y modernas, no sólo del país, sino del mundo. Más aún, Ebrard aprovechó la coyuntura de la violencia generada en el contexto de la lucha del gobierno federal contra la delincuencia organizada, y usó las cifras de incidencia delictiva de la capital, las cuales eran relativamente menores respecto al resto de México, para posicionar a la ciudad como un edén de seguridad. La realidad es que Ebrard no modificó los niveles de violencia o criminalidad pero se benefició del crecimiento de los mismos en el resto del país, convirtiendo la diferencia en un activo para su gobierno.
Desde esta perspectiva, si bien sería un error apuntar que el problema de violencia es uno menor, o que no le queda de otra a los capitalinos que acostumbrarse a ella, lo cierto es que no existe (ni ha habido) un plan creíble y sólido para realmente enfrentar el problema de la criminalidad en la ciudad de México, que es el problema de fondo. Dicho eso, comparado con sus predecesores, Mancera carece de una estrategia de control mediático de conflictos y daños. La pregunta es no sólo si se resolverá el “problema de imagen”, sino cómo se emplearán los 26 mil millones de pesos asignados para tareas de seguridad pública en el 2013, para que den mayor tranquilidad y certidumbre a la ciudadanía capitalina.
Fuente del gráfico: CIDAC a partir de las denuncias del SNSP; datos de percepción de inseguridad y cifra negra de la ENSI 3-7, ENVIPE 2011 y 2012; población utilizando estimaciones de CONAPO. En todos los casos los datos de denuncia son por cada 100 mil habitantes.
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