Este 9 de julio, como parte de la reglamentación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Congreso terminó el proceso de aprobación de la nueva Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (LSPREM). Esta ley establece nuevas condiciones de operación para los medios públicos y sociales, es decir, aquellos no comerciales que de acuerdo al artículo 28 de la Constitución no tendrán fines de lucro. Si bien esta legislación no ha despertado la misma atención de la opinión pública que la relativa a telecomunicaciones y radiodifusión, los escasos posicionamientos de actores interesados, así como la dinámica comercial, de producción de contenidos y de comunicación gubernamental en México, permiten vislumbrar que más que un modelo de desarrollo para los medios de carácter público y social, fueron el control político, la desconfianza y la preservación de nichos y rentas los que determinaron su curso.
En teoría y de acuerdo a preceptos constitucionales, el establecimiento de mecanismos que hagan sustentable el desarrollo de medios públicos y sociales tendría por objetivo el enriquecimiento de un debate público democrático, incluyente y diverso. No obstante, limitar sus opciones de financiamiento a donativos, aportaciones y/o la prestación de algunos servicios, los cuales no excederían en monto el 1 por ciento del presupuesto asignado a comunicación social del gobierno federal y/o estatal correspondiente, equivale a supeditar su potencial desarrollo al presupuesto público y, con ello, su contenido al control político de la autoridad en turno.
Otro obstáculo para lograr un esquema de sustentabilidad de los medios públicos podría encarnar en los concesionarios privados. Dado que actores como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radio Educación (dependiente de la Secretaría de Educación Pública), y estaciones de televisión como Canal 22 (CONACULTA) y Canal Once (Instituto Politécnico Nacional), tienen acceso a recursos presupuestarios federales, facilitar su inclusión en programas de obtención de financiamiento comercial ampliaría su potencial como agentes de competencia, pero con la ventaja adicional de los recursos asignados desde el erario. Esto se acentúa al considerar que buena parte de los espacios publicitarios en medios, tanto públicos como privados, son adquiridos por entidades gubernamentales. De esta manera, no es casualidad que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) haya cabildeado a favor del impedimento a la comercialización de mensajes y/o patrocinio de espacios a los medios sociales. La CIRT argumentó que los medios públicos “gozan de un régimen de excepción que les otorga claras ventajas a su operación”. Sin embargo, hay experiencia internacional suficiente en cuanto a mecanismos de comercialización que hagan sustentable a los medios públicos, sin menoscabo de su condición no lucrativa. Por otra parte, y como elemento a favor de la desconfianza de los particulares, el factor disruptivo en el caso mexicano no nada más es la corrupción, sino la tentación de la autoridad de utilizar de forma facciosa los medios bajo su tutela.
Finalmente, todos los medios enfrentan nuevas herramientas que permiten reducir los costos de producción y, con ello, fomentan un entorno donde pudieran surgir nuevos competidores quienes, a través de nuevas plataformas de difusión y comercialización, encuentran de manera más sustentable la satisfacción de un nicho de espectadores determinado. En este sentido, la pregunta tal vez no sea tanto si los medios públicos deben tener acceso o no a mayores recursos, sino cuál va a ser el grado de apertura a plataformas más asequibles tanto económica como tecnológicamente. Los medios en línea van poco a poco ganando camino, aunque falta mucho por hacer en cuanto a la cobertura geográfica y a la accesibilidad para la población. La tendencia mundial es que el internet sea el medio público por excelencia. La cuestión está en cuánto tiempo tarde cada país en incorporarse a ello.
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