El paso del huracán Alex ha provocado considerables daños en tres estados del norte del país (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y reclamos denunciando la lentitud del Gobierno Federal para atender el problema. Si bien es cierto que habitualmente existe una falta de coordinación entre autoridades estatales y federales que podría dificultar la emisión de declaratorias de emergencia y el acceso a recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los gobiernos estatales tienen todos los incentivos para denunciar inacción federal en todo caso.
La rentabilidad política de convertirse en víctima de la desatención federal para los gobernadores de los estados afectados es clara. Se transfiere parte de la responsabilidad de las acciones –o la falta de ellas– para atender a los damnificados del desastre en la etapa de emergencia y para la reconstrucción de la infraestructura dañada. Ante este escenario, la posibilidad de retrasar la entrega de recursos, más tratándose de estados gobernados por el PRI, no es de hecho una opción para el Gobierno Federal –que además necesita rehabilitar la capacidad productiva de la región para no ver afectadas sus previsiones económicas.
Si bien la responsabilidad una vez ocurrida la tragedia es compartida entre estados y Gobierno Federal, es responsabilidad de las autoridades locales la inversión en infraestructura que permita mitigar los efectos de fenómenos naturales. Se cuenta incluso con un Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), cuyo financiamiento es 70% participación federal y 30% de los estados, sin embargo, pocas veces se recurre a él. Por otra parte, la estructura de gasto de los gobiernos estatales continua privilegiando el gasto corriente sobre el gasto de inversión (70% vs 30%), la razón: los gobiernos locales no desean emplear recursos en obras de infraestructura que no reditúen en lo electoral. Los incentivos, entonces, están alineados para descuidar la estrategia de prevención, ya que en caso de presentarse alguna contingencia, bastará un mínimo de presión política y mediática para acceder a fondos que permiten ejercer una gran cantidad de recursos adicionales con pocos mecanismos de control.
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