Las fuertes lluvias que en estos días han inundado los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, han dejado hasta ahora a más de 600 mil personas damnificadas. No es la primera vez, ni será la última mientras no se modifique la estructura de gasto en infraestructura en los estados, y con ella los incentivos a descuidar la prevención y a esperar el rescate del Gobierno Federal.
La estructura de transferencias federales hace que los gobiernos estatales tengan todos los incentivos para denunciar la inacción federal cada vez que un desastre natural azota a la entidad en cuestión. En esta ocasión, el gobernador Granier, reconoció la efectividad de la coordinación estado-federación que implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), para luego reclamar al Ejecutivo Federal su responsabilidad en promover una “reingeniería total” de su estado.
Aunque la responsabilidad de corregir los estragos de la tragedia recae en la federación, las autoridades locales son las responsables de invertir en infraestructura que permita mitigar los efectos de los predecibles fenómenos naturales. Por ejemplo, pocas veces se recurre al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), 70% del cual es financiado con fondos federales y 30% con fondos estatales y que está destinado precisamente al tipo de obras que mitigarían los riesgos del desastre. Paradójicamente, la estructura de gasto de los gobiernos estatales continúa privilegiando el gasto corriente por encima del gasto de inversión, a sabiendas de que el gasto en obras de infraestructura “que no se ven” no les redituará en lo electoral. Tabasco no es la excepción, si bien es un estado altamente vulnerable a inundaciones, en el periodo 1980-2008 las autoridades locales gastaron en promedio sólo 141 pesos per cápita en obra pública mientras que el promedio nacional asciende a 341 pesos.
Con los incentivos alineados para descuidar la prevención, cualquier contingencia continuará propiciando el tipo de acusaciones que se han observado esta semana por parte de los estados hacia la federación. Basta un mínimo de presión política para acceder a fondos que permiten ejercer una gran cantidad de recursos adicionales con pocos mecanismos de control.
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