De manera sistemática ciudadanos de todo el país sufren las consecuencias de lluvias, huracanes y demás fenómenos naturales. Sin embargo, el detonante de estos problemas no es la naturaleza, ni siquiera es la magnitud “histórica” de las precipitaciones, es la falta de planeación, la negligencia, o bien la omisión de las autoridades. Irresponsabilidad en cualquiera de los casos –como ocurre esta semana en el Distrito Federal, Estado de México y Michoacán.
Actualmente, en promedio el 90% del presupuesto que ejercen los gobiernos federal y estatales se destina a gasto corriente y a financiar el crecimiento exponencial de su burocracia. En cambio, menos del 10% de los recursos son destinados al financiamiento de obras de infraestructura estratégica para la vida diaria de los ciudadanos, como el agua potable, el drenaje, o bien la construcción de diques.
Los gobiernos locales tienen pocos incentivos para gastar los recursos públicos en obras de infraestructura que no les reditúen en lo electoral. Además, el dinero proveniente de los fondos de desastres naturales les permiten ejercer una gran cantidad de recursos adicionales a su presupuesto ordinario sin control alguno. Esto alinea los incentivos para que se descuide la estrategia de prevención, ya que en caso de presentarse alguna contingencia, bastará un mínimo de presión política y mediática para hacer que la federación determine que son necesarios los recursos para enfrentar la crisis.
El caso más ejemplar de esta situación es Tabasco, frecuente víctima de fenómenos naturales y beneficiario permanente del fondo de desastres naturales. En dicha entidad por ejemplo, menos del 5% del total del presupuesto disponible es destinado al financiamiento de infraestructura y en especial, a aquella que puede evitar daños materiales y pérdidas de vidas humanas por huracanes, inundaciones o deslaves. Si bien Tabasco es el extremo, ni Distrito Federal, ni Estado de México, ni Michoacán son la excepción.
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