El ejercicio de la facultad de la Suprema Corte para investigar violaciones graves a las garantías individuales está bajo la lupa por el caso de la guardería ABC. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre la complejidad de la misma y el entredicho en que coloca a la Corte. Por principio, los ministros y magistrados se ven obligados a improvisar habilidades de investigación –cuando no es su función habitual. Cuando determina que existieron violaciones, los resultados de sus investigaciones no tienen consecuencias jurídicas determinantes, pues queda en manos de las procuradurías ejercer y sostener acción penal ante los tribunales. En el caso “Aguas blancas” por ejemplo, a pesar de concluir que hubo acción concertada de funcionarios para privar de la vida a campesinos, apenas se removieron y procesaron a mandos policíacos. En tanto que en el caso de Lydia Cacho, que resolvió sobre la ilegalidad de las evidencias, la Corte fue severamente criticada. El caso de la guardería ABC pone de nuevo a la Corte en una posición vulnerable. Ante este panorama, tiene sentido preguntarse si vale la pena mantener en la Constitución esta facultad para investigar violaciones graves. De no hacerlo, se seguirán viendo casos como estos, que van en detrimento del prestigio de una de las instituciones clave para el país.
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