En México, la mayoría de los ciudadanos no confía en las instituciones y las organizaciones políticas -con excepción del Ejército- reveló el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía que llevó a cabo el INE junto con El Colegio de México. Durante la presentación del informe, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó la necesidad de articular esfuerzos encaminados a la construcción de una política de Estado en materia de educación cívica. Más allá de que el informe muestra una desconfianza generalizada de la ciudadanía mexicana llama la atención la visión de Córdova respecto a que la reconstrucción del tejido social es tarea del Estado.
De acuerdo con las conclusiones del informe, México vive una crisis de confianza que podría conducir a la pulverización de la cohesión social. La alarmante desconfianza y apatía de la ciudadanía mexicana respecto de sus gobernantes y sus instituciones ha sido una preocupación recurrente que persiste hasta la fecha. La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, que elaboró el INEGI, reveló que 12% de los sondeados han presenciado un acto de corrupción en el servicio público. Por otra parte, la encuesta nacional del otrora IFE sobre la Calidad de la Ciudadanía señala que el 70% de los encuestados reportaron no confiar en el prójimo. Cabe entonces preguntarse porqué se ha gestado un nivel de desconfianza tan acentuado en la sociedad mexicana.
Según el informe que presenta el INE, cuando se habla de ciudadanía, en realidad se habla de participación política. En ese sentido, un país ha logrado construir una ciudadanía cuando sus ciudadanos tienen la posibilidad, por un lado, de influir en los tomadores de decisiones y por otro lado, de ascender a posiciones de gobierno. Si bien durante la transición democrática del país se crearon diversas instituciones y leyes para promover la participación política de sus ciudadanos, en los hechos, son pocos los instrumentos que permiten el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, a pesar de que en el discurso México cuenta con un marco legal avanzado, en la práctica muchas de estas leyes jamás ven la luz (o, al menos, jamás están al alcance del ciudadano de a pie), lo cual junto con el creciente clima de inseguridad e impunidad, debilita la confianza en la autoridad y, por ende, la participación ciudadana.
Lo que ha estado ausente del discurso es que la ciudadanía también se fortalece ante una economía abierta y un entorno competitivo. En ese sentido, la falta de competencia económica limita los recursos provenientes del sector privado a los cuales las organizaciones ciudadanas pueden acceder. Esto es importante ya que las instituciones gubernamentales necesitan de un verdadero contrapeso, de modo que los ciudadanos denuncien abusos y le exijan cuentas a sus gobernantes. En otras palabras, México no necesita un gobierno que impulse la ciudadanía. Más bien requiere de medidas que faciliten las actividades económicas y que siente las instituciones a fin de permitir la movilidad social.
El Estado le debe a la sociedad civil organizada un trabajo más arduo de normatividad, que políticas que fomenten la “construcción de la ciudadanía”; sin embargo, si no existe ya una sociedad por sí misma dispuesta a exigirle a sus gobernantes que generen mayor confianza y que reclamen la responsabilidad del gobierno frente al ciudadano, difícilmente será el mismo gobierno –a través de más leyes e instituciones– quien logre construirla.
Valdría la pena estar atentos al trabajo de los consejeros del INE, quienes podrían enfocarse no tanto en la creación de nuevos programas sino en la continuidad y fortalecimiento de los existentes. Después de todo, según el propio informe del INE, la confianza en la autoridad electoral es de tan solo 34%.
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