El pasado 13 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe detallado sobre las conductas ilegales cometidas por 21 ex funcionarios, en diciembre de 2005, durante la detención de la francesa Florence Cassez y el posterior montaje televisivo. El titular de la Comisión, Raúl Plascencia, había anunciado la posibilidad de presentar una denuncia penal a partir de los hechos contenidos en el documento. Este pronóstico se cumplió el viernes 15 de marzo, cuando dicho informe fue presentado a la PGR, en lo que constituyó una denuncia penal en contra de los involucrados en el conocido caso Cassez. El acto, en sí, responde a la demanda social que exige la investigación de los responsables por las irregularidades que favorecieron la liberación de Cassez y, a la vez, abre la posibilidad a diversos escenarios que vale la pena analizar.
El informe entregado a la Procuraduría involucra, entre los responsables, al ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (quien en 2005 era director de la también desaparecida Agencia Federal de Investigación) Genaro García Luna y otros 20 funcionarios tanto de la AFI como del Ministerio Público Federal. De acuerdo con la investigación de la Comisión, las conductas de los ex funcionarios podrían constituir varios delitos, entre los que se encuentran abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y delitos contra de la administración de la justicia. De darse el enjuiciamiento de los ex funcionarios, ello significaría un duro golpe a los gobiernos panistas, en especial al sexenio calderonista del cual García Luna fue una pieza clave. También podría constituir el principio de la redefinición de la relación entre el gobierno y el PAN. Una potencial bola de nieve.
Cabe señalar que al momento sólo se ha presentado la denuncia, falta lo más importante: que la PGR determine si existen elementos que constituyan algún delito para ejercer acción penal. Ahora la pelota está en terreno de la Procuraduría. Lo interesante es que, además del informe de la Comisión, existe ya un fallo de la Suprema Corte relativo al caso. Dicha sentencia (por medio de la cual se liberó a Cassez, aunque no se le exoneró) confirmó la existencia de conductas ilegales por parte de la autoridad. Además, el mismo García Luna aceptó en diversas ocasiones la elaboración del montaje televisivo. Sin embargo, es necesario apuntar que la continuación del proceso no sólo depende de la voluntad política de la PGR, sino principalmente del cumplimiento de los requisitos técnico-jurídicos necesarios. Sobre esto, cabe señalar la aparente dificultad que implica someter a juicio penal a los ex funcionarios por alguno de los delitos mencionados por la Comisión. De acuerdo con el Código Penal aplicable, los tres delitos se encuentran prescritos. Esto significa que ha concluido el plazo que la autoridad tenía para su persecución. Por ello, el desempeño de la Procuraduría es tan relevante, ya que ahora depende de ella encontrar alguna alternativa legal para continuar con el proceso penal o, en caso contrario, desecharlo (con las potenciales consecuencias negativas en la opinión pública que ello pudiera implicar). No hay que perder de vista que en los últimos años no ha habido tema que haya polarizado y diferenciado tanto a la opinión de los “círculos” verde y rojo como éste.
La PGR se encuentra ante una complicada disyuntiva: por un lado, encontrar la forma de procesar a los ex funcionarios y combatir la imagen de impunidad política que ha subsistido en México o, por el otro, desechar el caso y exhibir de nuevo a la institución. De cualquier forma, la Procuraduría está obligada a actuar en congruencia con la resolución que liberó a Cassez, en la cual se argumentó que la justicia debe alcanzarse siempre por el camino de la estricta legalidad. Florence Cassez hoy se encuentra libre debido a irregularidades procesales cometidas por la autoridad responsable de investigar, depende de la PGR que en el caso que ahora tiene en sus manos no suceda lo mismo.
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