El pasado 1 de septiembre, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, inauguró de manera insólita su periodo de sesiones ordinarias. Después de casi seis horas de debate, en un recinto prácticamente encapsulado, se aprobó con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, la Ley de Servicio Profesional Docente (LSPD). Lo sui generis del entorno de la aprobación de la LSPD puso en evidencia la urgencia de tramitar la reforma educativa –sea como fuere—y de superar la movilización magisterial. A unas horas de la aprobación del dictamen en San Lázaro, grupos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en particular los contingentes mayoritarios de Oaxaca, dejaron la plancha del Zócalo capitalino y regresaron a sus lugares de origen (aunque quienes se quedaron, incluida la “anfitriona” sección 9, continuaron desquiciando el Distrito Federal). ¿Qué pasó con la exigencia de abrogación de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales? ¿Qué les hizo cambiar de actitud?
Ciertamente, algo habrán tenido que ver las declaraciones por parte del gobernador oaxaqueño de no remunerar a los maestros ausentes en la parcial movilización de la CNTE. Después de todo, un plantón de medio mes puede llegar a ser muy costoso –más aún si ya no se dispone de la quincena. Sin embargo, esto no explica por completo qué ocasionó el cambio de actitud del grueso de los maestros. Cabe preguntarse entonces: ¿habrá obtenido algo satisfactorio la disidencia? De entrada, en su mensaje alusivo a su Informe de Gobierno, el presidente Peña anunció un programa especial de apoyo a la enseñanza en entidades con mayor atraso educativo. Lo que no explicó el mandatario es en qué consistirá y cuánto dinero adicional costará eso a los contribuyentes. Del lado legislativo, varios reclamos de la CNTE fueron incorporados –unos para bien, otros no tanto—a la minuta final de la LSPD que ya también pasó sin cambios en el Senado durante la madrugada del 4 de septiembre. Se consideró la ponderación, para propósitos de los criterios de evaluación, de los distintos contextos sociales y culturales del entorno donde se llevan a cabo las funciones docentes. Esto será virtuoso mientras no degenere en un sistema que propicie un esquema con maestros de primera y de segunda. Otro aspecto positivo para el sistema educativo sería el establecimiento de mecanismos de generación de incentivos a fin de atraer personal docente a zonas rurales marginadas, lo cual funcionará siempre y cuando se logre invertir de manera adecuada en infraestructura y se incida en la formación y actualización frecuente de los propios maestros. Respecto a cuestiones no tan favorables, se redujo el periodo de “prueba” necesario para obtener una plaza definitiva de dos años a seis meses. No obstante, la mayor victoria de los inconformes, y el núcleo de las suspicacias acerca de la efectividad de la reforma, es haber mantenido la opacidad de los resultados de las evaluaciones.
Independientemente de que los legisladores acabaron perfeccionando cuestiones vinculadas con la justicia en ciertas demandas de los docentes en protesta, es importante señalar que las movilizaciones magisteriales fueron capaces de ganar terreno. Pero, ¿en verdad el fin justifica los medios? Por un lado, sin las manifestaciones, la LSPD se habría votado en sus términos originales durante el pasado periodo extraordinario de fines de agosto. Cierto. Pero, por otro lado, los maestros de la CNTE ya mostraron su músculo y, presumiblemente, su disposición a ir por más. ¿Negociarán algo adicional tras la “megamarcha” y paro realizados el 4 de septiembre, o tan sólo será su “triunfal” despedida? Mientras tanto, los ciudadanos afectados por estos desmanes continuaremos siendo testigos de la incapacidad del Estado para no abrumarse con los chantajes lanzados desde las calles. No menos importante, es de preguntarse si existe vinculación entre el movimiento que comanda la CNTE y el que propone lanzar López Obrador con motivo de la reforma energética, el siguiente asunto en la agenda política y legislativa.
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