El 25 de marzo, el Senado de la República ratificó como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a Monte Alejandro Rubido García, dando inicio a una nueva etapa en la política de seguridad pública del gobierno federal. Dada la experiencia profesional del nuevo titular de la CNS, se intuye un mayor énfasis en los aspectos de inteligencia que en los policiacos dentro de la estrategia nacional de combate criminal. Sin embargo, con el propósito de lograr un acercamiento más certero a lo que prospectivamente será el actuar de la CNS en particular, y de la política de seguridad en general, es importante hacer una revisión allende el perfil del nuevo comisionado.
En el discurso, la política pública de seguridad y procuración de justicia del gobierno federal se establece, principalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En los hechos, tenemos el uso de figuras excepcionales y fuera del orden institucional para pacificar zonas de alto conflicto y pobres resultados en cuanto al éxito de las medidas institucionales de prevención, combate al delito y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Por otra parte, se ha apostado al control mediático de la incidencia delictiva –no más rienda suelta a “ejecutómetros” o a imágenes de decapitados—, a la discreción en los “triunfos” contra la delincuencia organizada –no más restregarle a la opinión pública por semanas a cada “Chapo” capturado o “Chayo” muerto—, y a enviar el tema de la inseguridad al segundo plano en la política de comunicación social. No obstante, esa estrategia de contención de las formas cada vez se verá más presionada ante la necesidad de ver resultados concretos. Sin duda, la ruta a seguir estará marcada por las acciones que emprenda el nuevo comisionado nacional de seguridad.
Dentro de las acciones más significativas que estarán en la agenda de Rubido se encuentran las relacionadas con la puesta en operación de la Gendarmería Nacional y el fortalecimiento y utilización de los aparatos gubernamentales de inteligencia, tal como él mismo lo expresó al momento de su ratificación en el Senado. La Gendarmería es una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto cuya puesta en marcha se ha visto repetidamente retrasada y su importancia radica en que, a partir de su estructura, se podrán ordenar las jerarquías institucionales en el esquema nacional de seguridad. En el escenario actual de combate al crimen organizado no es menor crear una institución conformada por civiles pero con entrenamiento, profesionalización y disciplina militar o naval. Es decir, llevar las ventajas de la utilización de los cuerpos militarizados al ámbito de la Secretaría de Gobernación, pero sin el fuero de la justicia militar o la supeditación a la jerarquía castrense. Por otra parte, será muy interesante dar seguimiento al desarrollo y utilización que se haga de Plataforma México y, en particular, a la recopilación y explotación de la información a través de la política de inteligencia. El tema es altamente sensible, no sólo por el impacto directo en el abatimiento al crimen, sino porque es difícil de ejecutar. Esto requerirá información de distintas agencias en diferentes niveles de gobierno, lo cual también implica un enorme potencial de utilización política.
De esta forma, las acciones tanto inmediatas como a largo plazo que tome el nuevo comisionado y el perfil que se le otorgue a la CNS, permitirán entender mejor el rumbo de la estrategia nacional en seguridad y entender si de verdad hay un nuevo reacomodo entre las instituciones, así como su factibilidad e impacto. Independientemente de la nueva etapa que se inicie con Rubido, es necesario que se comiencen a percibir resultados, pues no sólo se trata de una demanda social urgente, sino que hay un costo que puede comprometer el prestigio de México como país y limitar el alcance económico de las reformas recientemente aprobadas y publicitadas.
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