En el seno de las negociaciones rumbo a la reforma energética, los partidos de izquierda presionaron para avanzar en la reglamentación de las reformas de 2012 al artículo 35 constitucional en materia de consulta popular. Desde hace meses, diversos exhortos, destacando el encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, han pretendido construir una narrativa donde dicha figura de participación ciudadana podría implicar el último recurso disponible a fin de detener la apertura en el sector energético.
Aunque el tema de la reglamentación tuvo un avance el 10 de diciembre pasado con la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular en la Cámara de Diputados, la minuta quedó detenida en el Senado. Durante el último día de sesiones en el recinto de Reforma, los panistas rompieron el quórum para evitar que se discutiera y cuestionaron el proceso legislativo al señalar que se requería analizar con calma el documento (lo cual extraña, ya que la calma no fue precisamente el sello de los trabajos legislativos de las semanas recientes). Sin embargo, la pregunta relevante en este instante es: en el supuesto de que llegara a entrar en vigor y pese a todos los candados que contiene, ¿podría la consulta popular, tal como pasó en San Lázaro, revertir la reforma energética?
Es poco probable que una eventual consulta popular revierta las modificaciones constitucionales establecidas por la reforma energética. A pesar de que el PRD busque una segunda expropiación petrolera en 2015, la consulta popular no podría ser usada para revocar decisiones ya tomadas por el Congreso. Por otro lado, para que dicha consulta sea vinculante, deberá participar al menos 40% del padrón electoral, una cifra muy elevada considerando que suele no alcanzarse en elecciones presidenciales y mucho menos en intermedias como las programadas dentro de 19 meses. Finalmente, resultará bastante complicado a los opositores a la reforma mantener el vigor de sus protestas y la nutrición de sus bases.
De acuerdo con la minuta “congelada” en el Senado, si la consulta popular es solicitada por la sociedad, será la Suprema Corte de Justicia quien resuelva su trascendencia y constitucionalidad. En este sentido, la Ley de Consulta Popular prohibiría de forma explícita el sometimiento de temas vinculados con ingresos y gastos del Estado. Tomando en cuenta que PEMEX genera ingresos primordiales en la balanza presupuestaria del país, la interpretación de la norma podría conducir a declarar inconstitucional una consulta que afectase a la paraestatal, sobre todo en algo ya consumado. No obstante, el asunto tiene el potencial de convertirse en un foco rojo para el gobierno federal, no tanto por la consulta popular, sino por el escenario de incertidumbre generado ante la falta de información clara respecto a sus alcances.
Cierto. La aprobación de la reforma energética ha enviado un mensaje positivo a los potenciales inversionistas del sector. Sin embargo, hay dos factores de riesgo cuya atención es prioritaria. Primero, el gobierno requiere salir al paso con contundencia y aclarar todas las dudas acerca de las eventuales consecuencias de una consulta popular. Segundo, las autoridades federales parecen no considerar el peligro de una señal como la emitida con el vertiginoso trámite legislativo de la reforma. Varios legisladores de izquierda sentenciaron en varias oportunidades: “quien a albazo mata, a albazo muere” (o sea, lo que rápido llega, rápido también se puede ir).
En suma, el PRD está apostando por un mal placebo. Las limitaciones de la consulta popular la convierten en un mecanismo de participación ciudadana estéril en la discusión de casi todos los temas relevantes para el país, al dejar fuera temas relacionados tanto con ingresos y gastos, como con seguridad nacional. Sin duda, el perfeccionamiento de los mecanismos de participación ciudadana es uno de los principales pendientes de la construcción democrática en México. El reto será titánico si, como declaró el presidente del PAN, Gustavo Madero, a la población en general “le valen madre” los asuntos políticos. Aun colocando en tela de juicio dicha desafortunada aseveración, es cierto que queda mucho por hacer a fin de combatir el desencanto de los mexicanos frente a la cosa pública.
Lo que no queda resuelto es el conflicto político que deja como resultado el proceso legislativo que acaba de concluir y la forma en que los potenciales inversionistas –cuyo horizonte por fuerza, por la naturaleza del sector energético, es de décadas- lo evalúen e interpreten. Estos dos imponderables serán protagónicos en los meses por venir.
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