La consulta popular: una nueva herramienta partidista.

Morena

El pasado 15 de septiembre venció el plazo para la presentación de las firmas que respaldan los proyectos de consulta popular. PRI, PAN, PRD y MORENA presentaron cuatro diferentes preguntas y en conjunto, recabaron más de 13 millones de firmas para tener la posibilidad de someter a votación los siguientes temas: la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, fijar un nuevo salario mínimo, echar para atrás las reformas a los artículos constitucionales relacionados al sector energético y revocar la posibilidad de otorgar contratos y concesiones a particulares para explotar el petróleo, gas, refinación, petroquímica e industria eléctrica. En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita el dictamen de constitucionalidad de las preguntas, la consulta popular se realizaría en la próxima jornada electoral de junio de 2015.
Ahora, es el turno del Instituto Nacional Electoral (INE) de continuar con el procedimiento ya que, por tratarse de solicitudes ciudadanas, según lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley Federal de Consulta (LFCP), el INE deberá, en no más de 30 días, realizar un ejercicio muestral para validar la autenticidad de las firmas presentadas por los partidos políticos. Las reacciones de éstos se han encaminado a asegurar que vigilarán la correcta revisión de las firmas y a que sus iniciativas cumplieron con los requerimientos necesarios para lograr que sus temas lleguen hasta la consulta ciudadana.
Hasta este momento, el proceso para realizar la consulta ha distado mucho de ser uno que fortalece la democracia. La consulta popular está establecida en la propia ley como un mecanismo dirigido a que los ciudadanos a través del voto emitido, expresen su opinión sobre temas de trascendencia nacional. Sin embargo, la realidad es que quienes han ganado visibilidad con este proceso han sido los partidos políticos y lo que hasta ahora han mostrado -cada uno en su dimensión- es su poder de movilización partidista. El proceso de la consulta popular les ha permitido además, medir fuerza ante quienes serán sus rivales en la contienda electoral del próximo año. De hecho, el proceso evidencia la debilidad de la ciudadanía.
En este sentido, los objetivos de cada partido parecen claros. Mientras que el PAN busca posicionarse frente al electorado con una causa totalmente ajena a su ideología partidista y que incluso se contrapone a la agenda que promueve en el Congreso,  MORENA intenta mostrar que será un rival fuerte en las elecciones de junio de 2015 y se posiciona en la defensa del tema energético al obtener un mayor número de firmas que el PRD, que a su vez, pretende terminar con las sospechas colaboracionistas al querer echar abajo la que se considera la reforma clave del Ejecutivo: la energética. Por su parte, el PRI muestra su músculo de movilización recabando casi cuatro veces el número de firmas necesario para promover su consulta.
Hasta este momento, el destino de las consultas populares es incierto. Aún no está claro que alguna pregunta pase el filtro de constitucionalidad. Temas como la composición del Congreso o el energético están establecidos en la Constitución y ésta no puede modificarse a través de este mecanismo. Incluso el tema del salario mínimo podría ser interpretado de modo que se considere que no puede ser sometido a consulta popular. De ser así, en la próxima jornada de elecciones federales no se realizaría ninguna consulta siendo la siguiente oportunidad, hasta el 2018.
Aún es pronto para concluir sobre la efectividad de la consulta ciudadana pero lo que se ve hasta ahora es que, como en la historia de las consultas ciudadanas a nivel mundial, se requiere mucho más que este  mecanismo para fomentar la participación y mucho más para ser un mecanismo de contrapeso real. Por lo pronto, es tiempo de observar lo que sucede con esta incipiente herramienta y hasta donde llega en su camino sinuoso. Pero nada de esto permite ignorar que, más allá de las consultas, el gran ausente es la ciudadanía, factor que claramente yace en el cálculo del ejecutivo en su operación política cotidiana.

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