Esta semana se tuvo un nuevo caso en el que, por seis votos contra cuatro, la Corte determinó que no se pudo acreditar legalmente (la principal prueba, la famosa grabación de la llamada telefónica, por ser ilegal, no podía admitirse) la colusión entre autoridades para violar los derechos de la periodista Lydia Cacho, ni la gravedad de dichas violaciones. Aunque el fallo es técnicamente solvente, significó un fuerte revés en la credibilidad de la Corte ante la ciudadanía que, ajena a ponderaciones técnicas, se queda con la percepción de una injusticia que ni el máximo tribunal del país pudo revertir. Quizá la Corte pudo haber recomendado investigaciones adicionales para obtener otras evidencias (legalmente válidas) de la posible colusión y de las violaciones a Derechos Fundamentales. En todo caso, debería retirarse la facultad de la Corte de realizar este tipo de investigaciones, en virtud de que sus efectos no son claros ni obligatorios. En tanto, la Corte no debería admitir y realizar investigaciones, exponiendo innecesariamente su prestigio y credibilidad.
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