La reducción del Congreso recientemente expuesta por el PRI para someterse a consulta popular, en efecto no es una ocurrencia de ocasión. De hecho, retoma una propuesta de campaña del presidente Peña, la cual se aprovecha de la falta de confianza de los ciudadanos hacia los legisladores con la finalidad de aparentar una solución ante este desencanto y, así, obtener simpatías. El debate suscitado por esta iniciativa ha transitado, por un lado, entre aquellos que aplauden el posible adelgazamiento de la nómina de congresistas –cuya onerosidad es más o menos mitológica, representando alrededor de un cuarto de punto porcentual del Presupuesto de Egresos—, y quienes resaltan la inutilidad de la figura de los legisladores de representación proporcional por no representar a los votantes. Por otro lado, se escuchan voces que defienden a ultranza la representación proporcional y temen por una regresión a la etapa hegemónica del PRI. Asimismo, más allá de la viabilidad de la consulta popular sobre plurinominales, vale la pena analizar sus consecuencias institucionales y electorales al interior del Poder Legislativo.
La disminución de los plurinominales altera la representatividad y proporcionalidad del sistema electoral del Legislativo. Hoy en día, PRI, PAN y PRD cuentan con 41, 23 y 20 por ciento, respectivamente, de la Cámara de Diputados. Si la composición pasa de 200 a 100 plurinominales, las tres bancadas serían de 42, 23, y 21 por ciento, idem. A primera vista, la eliminación de 100 diputados plurinominales tiene un impacto mínimo en términos de la dimensión de las bancadas de los principales partidos, pero es una señal de alarma que no debe pasar desapercibida. De no existir los plurinominales, el PRI tendría 54 por ciento de la Cámara de Diputados con sólo 32 por ciento de los votos. La desaparición de los plurinominales implicaría un duro golpe al sistema de pesos y contrapesos frente al Ejecutivo, ya que una de las principales virtudes de los diputados de representación proporcional es ayudar a que el porcentaje de votos emitidos sea similar al porcentaje de curules que obtiene cada partido. Por otro lado, lo que evidentemente si cambiaría sería el número de “chambas” que los partidos menos grandes podrían aportarle a sus integrantes.
Entre los ataques dirigidos a los plurinominales se hallan reclamos como la carencia de representatividad, la ausencia de vínculos con su electorado, y su costo. No obstante, estas críticas no son exclusivas de los plurinominales y acaecen también sobre los legisladores elegidos por el principio de mayoría relativa. La solución a estos problemas no se encuentra en la desaparición de legisladores plurinominales sino en la revisión de reglas y principios electorales para transitar a un Congreso más representativo de la ciudadanía. Si el propósito es que el ciudadano vote directamente por los diputados, en vez de eliminar a los plurinominales, una propuesta podría ser modificar la forma por la cual se eligen de una fórmula de lista cerrada bloqueada – donde la designación de candidatos en la lista pertenece al partido político- a una de lista abierta para que el ciudadano elija a su legislador de entre un conjunto de nombres postulados por el partido.
Por otra parte, en el discurso gubernamental se plantea la idea de que reducir el tamaño del Congreso disminuirá los costos del mismo. Sin embargo, esta afirmación es meramente retórica, pues la reducción en términos de gasto sería mínima – alrededor de $147,000 pesos al mes que es lo que reciben los diputados como remuneración que equivale a poco más de $1.7 millones de pesos al año por legislador. Una suma mínima comparada con los más de seis mil millones de pesos de presupuesto asignado a la Cámara de Diputados. Por otro lado, eliminar a los plurinominales no necesariamente se traduce en ahorro, ya que esos recursos que se evitan en salarios pudieran terminar en otros fondos aunque, en una de esas, hasta en las mismas manos.
La eliminación de plurinominales no hará al Congreso más representativo, eficiente o menos costoso, pero sí abre la puerta a la sobrerrepresentación de mayorías y pone en riesgo la pluralidad del Legislativo.
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