En las últimas semanas se dieron a conocer algunas encuestas sobre aprobación presidencial, las cuales demuestran que la imagen de Enrique Peña Nieto al frente de Los Pinos continúa su deterioro. El cerrojazo de la presente administración a las reformas que eran de su interés implica sí un triunfo de su gestión política, aunque no necesariamente un punto de apoyo para su popularidad. Sin embargo, la pregunta es si la tendencia a la baja de su respaldo en los sondeos afectará de alguna forma el proceder político del gobierno federal, sobre todo por la inminencia de los comicios federales intermedios de junio de 2015. Tanto BGC-Excélsior, Buendía y Laredo (El Universal) y el Pew Research Center (un centro público estadounidense de investigación social) arrojan resultados desfavorables en cuanto a la gestión presidencial (54, 45 y 48 por ciento de desaprobación, respectivamente). En este sentido, más allá de lo popular o no que pudieran ser las reformas –en particular la energética y el obsesivo debate del nacionalismo petrolero—, lo más perjudicial para la imagen del gobierno federal es el mediocre estado de la economía.
Aunque parecía que el tema de la apertura energética era una incomodidad por su enorme desaprobación ante la población (una encuesta del CIDE en 2013 mostraba al 65 por ciento de los mexicanos en contra de la inversión privada en el sector energético), hay una diferencia sustancial en cuanto a la aprobación de esta reforma en las tres mencionadas arriba. La medición del Pew Research Center no está tan alejada de lo que pensaban los mexicanos hace un año, pues muestra un desacuerdo de 57 por ciento ante la inversión extranjera en PEMEX. Por su parte, BGC-Excélsior y Buendía y Laredo le dan 14 y 11 por ciento de desaprobación a la reforma, respectivamente. En cualquier caso, a menos de que prospere el asunto de las consultas populares propuestas desde la izquierda para supuestamente dar marcha atrás a la reforma (lo cual se ve complicado en cuanto a sus pobres probabilidades de trascender siquiera el filtro de la Suprema Corte de Justicia), el tema pudiera ir desapareciendo de forma paulatina del radar de los electores. Si no se logró movilizar a la población cuando aún era viable hacer algo, ahora que el Congreso ha materializado la apertura, el escenario de descarrilamiento de la reforma es si acaso una promesa fatua.
Ahora bien, más que revisar los resultados acerca de la popularidad de las reformas, es importante poner atención en cuáles son los asuntos que la población percibe como problemas prioritarios a resolver. De acuerdo con los sondeos, el desempleo y el precario crecimiento económico han desplazado a la inseguridad como los asuntos más urgentes a aliviar. Pese a lo que el gobierno federal quiere vender, no se ha comenzado a sentir ningún efecto positivo de su política más perniciosa: la miscelánea fiscal para 2014. Dicho paquete impositivo, ofrecido como una “reforma social y hacendaria” (premisa bajo la cual, por cierto, se obtuvo el respaldo del PRD para su aprobación), prometía mayor recaudación –algo que sí se ha cumplido—, además de un gasto público más eficiente en la promoción del desarrollo. En cambio, aun con un incipiente repunte del consumo interno, la gente está inconforme por el alza de impuestos, hay fuertes contrastes entre salarios, el desempleo aumenta y la inseguridad continúa (aunque no parezca preocupar en las encuestas). En los primeros meses del año la economía creció casi la mitad que el año pasado (1.04 por ciento en el segundo trimestre contra 1.1 por ciento del mismo periodo de 2013); sin embargo, hay señales recientes de mejoría por lo que la cifra final de crecimiento para el año 2014 sigue en suerte. En todo caso, más que la cifra misma, la clave reside en las expectativas de la población, mismas que son un factor crucial en términos electorales en anticipación a las elecciones intermedias del año próximo.
Para el gobierno, los índices de popularidad pudieran ser no tan relevantes como sí lo es saber cuáles son las principales preocupaciones de los potenciales votantes –esto, claro está, sin considerar la capacidad de movilización de la bien aceitada maquinaria electoral priista. Lo inquietante es que la autoridad federal, al identificar a la economía como el tema a atender, caiga en la tentación de fortalecer el asistencialismo ramplón y el ejercicio ineficiente del gasto público. Esto acarreará bienestar de cortísimo plazo a los sectores de mayor pobreza, pero terminará por sepultar todavía más sus posibilidades de desarrollo en el mediano plazo. En suma, la estrategia del gobierno federal y del PRI de cara a las elecciones de 2015 podría ser una peligrosa alquimia entre inyección de recursos a los gobernadores tricolores (y al verde), un bombardeo de propaganda gubernamental (con cargo al erario), y la probable manipulación de encuestas (no es una especulación al aire, sino una remembranza del pasado reciente), mezclado con la creciente apatía de las clases medias ante su desencanto por la democracia. Más que la democracia misma, el gobierno actual ganó la elección en buena medida por su oferta de construir un gobierno eficaz. Más que la popularidad, será la eficacia lo que lo determine.
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