En los dos primeros años del gobierno del presidente Peña, se generaron altas expectativas económicas a partir de las reformas estructurales, una estrategia que logró colocar fugazmente a México en el plano internacional como un país “en movimiento”. Algunos analistas señalan el inicio del gobierno de Peña como un déjà vu del sexenio de Salinas, quien en sus primeros años emprendió varias reformas importantes, y concluyó su sexenio con una crisis política que se originó a partir de los asesinatos de Francisco Ruiz Massieu –secretario general del PRI- y Luis Donaldo Colosio –candidato presidencial-, que derivaron en una crisis económica al comienzo de la administración de Zedillo. Sin embargo, la situación difiere, ya que en la administración salinista se reforzaron las reformas económicas al apuntalarse con la histórica firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y, muy importante, se tenía una percepción de la realidad mucho más acorde a la misma. Por su parte, el gobierno actual intentó acelerar la construcción de una nueva imagen de la economía mexicana, a pesar de la debilidad en su marco institucional y bajo una perspectiva de incomprensión respecto a la nueva realidad del país (y del mundo). De esta manera, el rapidísimo cambio de percepción que ha conducido al “momento mexicano” a convertirse en un entorno incierto, no es casual. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas expectativas para la economía mexicana?
En el corto plazo, los comicios intermedios de 2015 motivan al gobierno para aumentar el gasto, con una alta probabilidad de privilegiar los programas que tengan fines electorales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP), será posible absorber un déficit en las finanzas públicas en dicho año, esperando compensarlo a futuro vía la recaudación a obtenerse mediante las inversiones que provengan de las reformas estructurales, en especial de la reforma energética. Sin embargo el panorama en este sector no es alentador. Recientemente, se han contraído las exportaciones y han aumentado las importaciones de petróleo, de tal manera que la balanza comercial de hidrocarburos representa actualmente apenas 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), nivel diez veces menor al 2 por ciento del PIB que representaba en 2006. La SHCP estima que la reforma energética será suficiente para reactivar este sector, una actitud similar a la adoptada en junio de 1981 durante el sexenio de López Portillo, cuando los precios del petróleo bajaron, pero el gasto público en expansión continuó. Ello generó un déficit e inflación que continuó a la alza hasta derivar en una profunda crisis económica que las generaciones adultas de hoy aún recuerdan.
En el mediano plazo, las reformas de 2013 pueden disminuir los costos de operación, lo que aceleraría el crecimiento de la economía. Sin embargo, también es importante considerar los riesgos actuales al retorno de las inversiones, derivado de la baja gobernabilidad e incertidumbre política, la cual no tiene fecha para componerse. Si a esto se le añaden procedimientos torpes de implementación de proyectos de gobierno y de políticas públicas, el entorno se complejiza. Un ejemplo reciente lo constituye la licitación del tren México – Querétaro, en la que se removió el fallo de la empresa ganadora, aumentando las señales de incertidumbre en la economía. Lo cierto es que aun si se alcanzaran los niveles de inversión pronosticados por la SHCP en el mediano plazo, las reformas estructurales difícilmente tendrán un efecto en la productividad total de los factores de largo plazo, la cual ha disminuido desde principios de la década de 1990. Esto ha sucedido a pesar de decisiones tan importantes como el TLCAN, el cual sin duda ha tenido efectos positivos para la economía, duplicando rápidamente las exportaciones y contrarrestando la contracción en la demanda interna. Sin embargo, ni el TLCAN, ni las recientes reformas de la administración Peña, podrán por sí mismos las condiciones suficientes para elevar la productividad de los factores en el país. La situación no es sencilla y, por lo tanto, el gobierno deberá construir y transmitir sus expectativas a partir de la realidad, de lo contrario la realidad terminará por superar ampliamente sus propias expectativas.
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