La falta de agua en el valle de México es un asunto de gravedad. Los cortes de agua programados a lo largo de este año en múltiples zonas de la Ciudad por la fuerte sequía demuestran la urgencia por resolver esta crisis. Constituyen un recordatorio de que el suministro de agua no está garantizado. En una ciudad con uno de los mayores consumos de agua per cápita en el mundo, el problema tiene varias aristas. Además de un abasto insuficiente, el actual sistema ejerce una gran presión sobre las finanzas públicas –el GDF gasta 14% de su presupuesto en la provisión del agua. La presión sobre el medio ambiente no es menor, el acelerado y desordenado crecimiento urbano de la Ciudad ha generado una sobreexplotación de los recursos internos y un uso intensivo de fuentes externas. La disputa inter-jurisdiccional por el aprovechamiento de un recurso escaso puede generar inclusive problemas de gobernabilidad. En el fondo, sin embargo, el problema es de retraso (y rechazo) de inversiones necesarias que se han venido posponiendo por décadas y la indisposición a cobrar el costo del fluido. Las autoridades están canalizando inversiones para reducir las pérdidas por fugas y mejorar la eficiencia del sistema, pero estas acciones se limitan a administrar la emergencia. En el fondo, hay temas complicados como el ajuste de tarifas residenciales que se requiere para mejorar la situación financiera del sistema de aguas. Adicionalmente, se podría pensar en propuestas creativas como la de utilizar el agua de lluvia para uso residencial, lo que podría generar ahorros de 7 mil 200 millones de litros anuales si se instalara sólo en 10% de los hogares en el Distrito Federal. Cualquiera que sea el camino que se decida emprender, el asunto delicado va a residir en cobrar por un servicio que la población de la ciudad, a diferencia del resto del país, se ha acostumbrado a no pagar, lo que con facilidad se podría convertir en un asunto políticamente explosivo.
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