Las protestas contra Enrique Peña Nieto y el actual gobierno han vuelto a cobrar relevancia ante la reciente oleada de inconformidad que circula en las redes sociales. En esta ocasión, dichas demandas pretenden desechar la polémica iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el presidente envió al Senado a finales del mes pasado (aparentemente saliéndose con la suya). La propuesta del Ejecutivo plantea, en su versión original, la censura discrecional de contenidos y la interrupción deliberada de la señal cuando la autoridad lo considere necesario; asimismo, debilita las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y considera aspectos como la suspensión de resoluciones del organismo “autónomo” por juicios de amparo, lo cual podría proteger a los agentes económicos preponderantes. Si bien es probable que las protestas terminen por rectificar algunos de los puntos más controversiales de la redacción, no se debe perder de vista la posibilidad de terminar con un órgano regulador acotado que le permita al duopolio televisivo mantener sus privilegios a costa de los consumidores y la competitividad del país.
Todo parece indicar que el actual gobierno se ha beneficiado de que la opinión pública se enfoque en temas que no son los de mayor relevancia. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública que se avaló en el Congreso hace tan sólo algunos meses fue sometida a una escrupulosa revisión tras múltiples denuncias por parte de la sociedad civil. Más allá de lograr su objetivo, la alteraciones dieron lugar a una redacción ambigua que terminó por acotar la autonomía del órgano regulador. De la misma forma, en la reforma hacendaria hubo movilizaciones y todo tipo de protestas que concentraron la atención en impedir que pasara la polémica propuesta de aumentar el IVA en colegiaturas y rentas, mientras que, por otro lado, se pasó de largo el paquete de miscelánea fiscal que dista de ser la reforma integral que el país necesitaba (y que el propio gobierno había propuesto). Pareciera que llega a la sociedad las propuestas más controversiales para después congratularnos por victorias pírricas mientras pasan desapercibidos los temas más relevantes.
Asimismo, el Ejecutivo se ha beneficiado de estar en un centro-pragmático con respecto a los otros partidos políticos. En poco más de un año, hemos visto a su gobierno transitar sin percances desde una retórica liberal en lo energético a un discurso más paternalista que -de la mano del PRD- logró que se avalara la reforma hacendaria. Esto, gracias a que goza de dos principales ventajas: el PRI, junto con sus aliados, conforma una mayoría en la Cámara Baja que le garantiza la aprobación de sus iniciativas en por lo menos una de las cámaras y la ausencia de una ideología propia que le defina como un partido de izquierda o de derecha le ha permitido incluso abogar por posturas antagónicas. Dicho de otro modo, el PRI ha logrado disimular su pragmatismo gracias a que carece de orientaciones políticas que le posibilitan situarse como un partido de “centro” y que lo eximen de tener que limitarse a la congruencia de una línea discursiva. Por supuesto, esto que le genera beneficios políticos tiene consecuencias en el desempeño económico: el pobre desempeño de la economía no es producto de la casualidad.
A pesar de los bajos niveles de aprobación del Ejecutivo en las encuestas no se ve quién pueda constituir una opción política sólida. Las ventajas del PRI no solo consisten en su capacidad para establecer la agenda sino en su habilidad para repartir pequeñas victorias tanto a partidos opositores como a sociedad civil. Su fuerza reside en su capacidad de movilización misma que, bajo un liderazgo fuerte, es imposible de ser empatada por el PAN o el PRD, excepto en localidades específicas. Al mismo tiempo, es claro que en ausencia de ese liderazgo, como fue el caso en 2006, la capacidad de movilización disminuye radicalmente. Otra manera de decir lo mismo es que la sociedad mexicana ha cambiado radicalmente.
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