El pasado 28 de enero, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, encabezada por Alfredo Cristalinas, presentó un informe en el cual se señaló el rebase de topes de campaña por parte de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano). De acuerdo con dicho reporte, el esfuerzo lopezobradorista por conseguir la Presidencia de la República habría gastado más de 62 millones de pesos sobre el límite de erogaciones permitido por ley–fijado en 336 millones de pesos para el proceso electoral 2012. Aunque el Consejo General del IFE tenía programado discutir el asunto en su sesión del 30 de enero, sus integrantes decidieron posponerlo una semana, a fin de analizar con mayor detalle el documento y avalar o no la multa de 129 millones de pesos definida en el dictamen del órgano fiscalizador.
Desde el anuncio del presunto gasto excedido de la campaña de AMLO, las reacciones no se hicieron esperar, recrudecidas particularmente por el resultado de otro asunto vinculado con las elecciones presidenciales pasadas: el caso Monex. Más allá de que, como indicó la consejera electoral, María Marván, el expediente Monex representa “una obra maestra de ingeniería financiera”, también es importante recordar las palabras del representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal, quien exigió al organismo aplicar “criterios parejos para todos, y que si los exonera en un caso, no se multe en otro, porque eso atenta contra el principio de imparcialidad al que están obligados”. En términos de lo sucedido, mientras para el asunto Monex se distribuyó el supuesto excedente de 50 millones de pesos del que se acusaba al PRI entre campañas federales y locales –no sólo en la presidencial—, al PRD se le concentraron sus gastos extra exclusivamente en la campaña para la Presidencia de la República. En una carta dirigida a la opinión pública, López Obrador indica que los recursos de su campaña ascendieron sólo a 233 millones 430 mil pesos, monto sin considerar gastos de diputados y senadores federales, y demás erogaciones de los partidos integrantes del frente de izquierda, los cuales darían los 103 millones restantes reportados por la Unidad de Fiscalización. En pocas palabras, en un caso se desglosaron las cuentas, mientras que en otro se consolidaron. Ahora bien, aún si se justificaran las razones para el distinto manejo de las cuentas, todavía restarían ciertas dudas. Por ejemplo, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del 30 de enero, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, expuso cómo la alianza PRI-PVEM tuvo gastos tan inverosímiles como el del evento de cierre de campaña en el Estadio Azteca, cuyo costo reportado habría sido de alrededor de 20 mil pesos.
Independientemente del desenlace de los acontecimientos presentes, tanto el órgano fiscalizador, como el IFE en general, vuelven a estar bajo el ojo de la desconfianza. La poca claridad de su proceder no sólo genera incertidumbre, sino que deja desnuda a la institución ante las críticas. Por otra parte, es importante destacar que la fiscalización de los recursos partidistas –en su mayoría (supuestamente) procedentes del dinero de los contribuyentes—no tiene “dientes”. Para un candidato, sigue siendo más rentable exceder los topes de campaña, ya que la multa económica establecida para el caso tiene poco poder disuasivo; si la sanción fuera la inhabilitación o la pérdida del cargo eventualmente ganado en las urnas, otra cosa sería. Asimismo, tampoco tiene facultades para determinar si un recurso tiene procedencia ilícita, porque eso corresponde a instituciones como el SAT o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien, tal vez sea momento de dejar la hipocresía y eliminar los topes de gasto de campaña. Sin embargo, para que esto tenga un buen efecto, también sería necesario dejar la corrupción y tener mecanismos que den certeza a la transparencia en el uso del dinero. Difícil problema.
Por otro lado, como se discutió en estas páginas respecto al IFAI la semana pasada, queda abierto el asunto de las entidades autónomas, las motivaciones de los comisionados y los incentivos que crean los procedimientos de nominación, elección, compensación y reelección. El hecho de que dos de las entidades más visibles evidencien conflictos en tan poco tiempo, es sugerente de un problema de concepción institucional mucho más serio y profundo.
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