El escenario inédito que nos ha dejado la concurrida y competida jornada electoral del 2 de julio, en el que el estrecho margen entre los dos candidatos con mayor número de votos, mantendrá la atención del público en todas las etapas del proceso electoral que terminará a finales de agosto, cuando se resuelva la última impugnación pendiente, y el Tribunal Electoral, en su caso, declare la validez de la elección y apruebe el cómputo final de los votos.
A pesar de que la clase política ha refrendado que hace varios lustros que pasó su fecha de caducidad, la fortaleza institucional en el ámbito electoral, que ha resultado muy costosa para los mexicanos, dará eficaces rendimientos. Las instituciones democráticas precisamente están diseñadas para llevar a buen puerto la voluntad ciudadana entre las turbulencias de los proyectos de nación y las aspiraciones políticas presionadas por la incertidumbre.
La madurez y convicción democrática de la sociedad mexicana, se vio reflejada no sólo en una elección concurrida (contra muchos pronósticos), sino en un clima de tranquilidad y de confianza hacia las instituciones. El computo final que dictamine el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal tendrá una enorme legitimidad. Sin esta fortaleza institucional y esta madurez ciudadana la estabilidad política del país estaría sometida a fuertes presiones frente a lo disputado de la elección y la polarización del clima político.
El PRD y su candidato presidencial están en todo el derecho de impugnar las elecciones, tienen términos claros e instituciones expeditas y un proceso en el que todas las horas del día se consideran hábiles. El desafío de las autoridades electorales (que han contratado personal emergente para enfrentar estos trabajos) será inédito: el PRD se ha anunciado la impugnación de 55 mil de las 130 mil casillas, y no se sabe si el PAN optará por la estrategia de impugnar también casillas donde los resultados les hayan sido muy desfavorables. Desde luego, las impugnaciones tendrán que ir acompañadas de las pruebas para acreditar sus planteamientos y verse favorecidos en sus pretensiones. En esta estrategia se pretendería tratar de revertir o incrementar (según el partido que impugne) los 240 mil votos de diferencia.
Por otra parte, se están esgrimiendo argumentos de acciones oficiales que podrían haber vulnerado la autonomía de la voluntad de los votantes, sesgando la intención del voto, así como que las condiciones para salir a votar no fueron las mínimas para un proceso electoral transparente. Nuevamente tendrían que acreditarse estas graves acusaciones. Los canales legales de impugnación estarán expeditos para estos planteamientos y las concentraciones y manifestaciones públicas, perfectamente legítimas, no tienen porque incidir en las consideraciones legales ni en los jueces profesionales y especializados en materia electoral.
No obstante, el PRD y su candidato presidencial han dado a su discurso político algunos tintes inquietantes, como la violencia verbal; la acusación de que se cometió un gran fraude, comparando los cuestionamientos al proceso electoral con los realizados al proceso de 1988; los señalamientos de que el comportamiento del IFE fue poco transparente y que se dio una manipulación deliberada; así como sembrar el argumento de que la prueba de legitimidad del tribunal electoral sólo se dará si se le da la razón a sus impugnaciones. Tampoco han faltado argumentos que parecían ya extintos, en el sentido de que el pueblo permanece alienado por lo que no ha podido advertir a lo largo de la campaña quienes eran sus verdaderos representantes; o bien que si la superestrucrtura legal (y otras razones “leguleyas”) no corresponde al sentido de las fuerzas históricas, se puede pasar por encima de los mandatos de las normas burguesas.
Es peligroso lanzar chispas de violencia discursiva en un entorno altamente inflamable de movilización social y de polarización política; sin embargo hay motivos para confiar en que se ha construido el andamiaje institucional sólido que, independientemente de quien resulte presidente electo, dará un resultado legal y legítimo a la disputa electoral; se percibe madurez cívica que verificó una jornada electoral pacífica y con gran participación; y una incipiente cultura de la legalidad fundada en buena medida en la confianza en las instituciones electorales, que por primera vez se podría hacer que patear el pesebre de la democracia pueda resultar muy costoso ante la opinión pública.
Será un arduo proceso y no serán pocas las turbulencias, pero en la larga marcha de la lucha por mejorar la fortaleza de las instituciones de nuestra democracia y la madurez de nuestra cultura cívica parece haber razones para el optimismo.
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