Tras los comicios del 7 de julio tanto el PAN como el PRD cuestionaron su continuidad en el Pacto por México debido a las irregularidades presentadas durante el proceso electoral. A lo largo de la campaña todos los partidos políticos se acusaron de cometer diversos actos ilícitos pasando desde la compra del voto hasta ataques contra candidatos (amenazas y asesinatos). Todas estas irregularidades evidencian la poca disposición que mostraron los partidos para cumplir la adenda del Pacto por México donde se habían comprometido a tener unas elecciones con limpieza donde las autoridades de todos los niveles de gobierno no usarían programas sociales o desviarían recursos públicos a las campañas proselitistas. Pese a que habían puesto como condicionante de su permanencia en el Pacto el cumplimiento de la adenda, lo sucedido durante las elecciones y sus resultados no determinan la continuidad del Pacto por México como éste no determinará la aprobación de las reformas faltantes.
El Pacto por México es un instrumento diseñado por el Gobierno Federal para facilitar la negociación de varias reformas con los partidos de oposición pero que no existiría si los dirigentes de estos últimos no obtuvieran beneficios de permanecer en él. De hecho, es evidente que todos los integrantes contemplan al Pacto como un instrumento de enorme trascendencia para romper con los impedimentos a la transformación del país o no participarían en él. La cooperación con el gobierno priista es algo que cuestionan al interior del blanquiazul y del partido del sol azteca, pero la defensa que han hecho en reiteradas ocasiones Gustavo Madero y Jesús Zambrano del Pacto estriba en el hecho que es una herramienta de negociación poderosa frente al Ejecutivo de la cual carecerían al no controlar en su totalidad las bancadas de sus partidos en el Congreso por estar divididos internamente. Sin el Pacto ambos presidentes de partido no tendrían ni la interlocución con el gobierno ni la visibilidad que este les da. Además, el saldo de los comicios parece no ser tan desfavorable como se pensaba (puesto que la alianza PAN-PRD ganó Baja California entre otras capitales de estados) evitando que la militancia pudiera asociar una derrota electoral a la cooperación legislativa. Nadie puede clamar un triunfo absoluto y nadie salió absolutamente derrotado, condiciones ideales para que el Pacto prosiga. Ante este escenario, el resultado de las elecciones sólo modificaría el arreglo del Pacto si alterara los equilibrios políticos legislativos locales (condición necesaria para una reforma constitucional). Las elecciones del pasado domingo renovaron las legislaturas locales, y un gobernador, pero no cambiaron en nada el Congreso Federal donde se discuten las grandes reformas del país.
El 7 de julio las elecciones no modificaron el panorama legislativo de cara a las discusiones de las reformas que vendrán en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Al no ser una elección federal, ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República cambiaron. Adicionalmente, el PRI y el PVEM son mayoría absoluta (50%+1) en 5 de las 31 legislaturas y, sumándose el PAN, alcanzan ese umbral en 14 de las 31 legislaturas. Es decir, una coalición entre estos 3 partidos para aprobar una posible reforma como la energética, sólo requeriría de 2 legislaturas más. A partir de los resultados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se puede prever que esta misma coalición (PRI, PVEM y PAN) serán mayoría en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Puebla, Sinaloa y Veracruz. Suponiendo que las fracciones parlamentarias, tanto en el Legislativo federal como en los congresos locales, votaran disciplinadamente no habría problema para aprobar reformas constitucionales que requieren dos terceras partes en ambas cámaras federales y mayoría absoluta en al menos la mitad de las legislaturas estatales totales. La agenda de reformas en México continuará de la misma forma hasta que se presenten las iniciativas que potencialmente dividirían fuertemente a parte de los miembros del Pacto: las energética y la fiscal. No obstante, la ruptura eventual del Pacto no sería el factor que impedirá que se saquen adelante estas reformas por la afinidad ideológica del PRI con el PAN.
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