No es la primera vez ni será la última que se emitan diagnósticos y declaraciones en Estados Unidos que muestran a un Estado mexicano en jaque. Se han visto desde las declaraciones de Joseph Westphal, Subsecretario del Ejército, que encendieron luces de alarma, hasta acciones como la preocupación manifestada por Janet Napolitano ante el Congreso estadounidense acerca de una eventual alianza entre terroristas y narcotraficantes mexicanos. Es evidente que el problema de México tiene implicaciones serias para la política interna de nuestro vecino y los diversos actores están obligados a considerarlas y tomar decisiones al respecto.
Ante esta realidad, la respuesta del Gobierno Federal ha sido más visceral y reactiva que estratégica y proactiva. Por ejemplo, se exigieron pruebas concretas y se llamó a respetar la soberanía nacional. Sin embargo, esta actitud tiene poco sentido, sobretodo cuando al mismo tiempo se están dando hechos como el asesinato de un agente migratorio estadounidense en San Luis Potosí y existen zonas concretas donde el gobierno no podrá frenar la violencia de un día para otro.
El tema de fondo no está en si existen opiniones divergentes o no en la administración de Obama respecto a México, sino en reducir la incertidumbre que causan en nuestro país cada vez que se vuelven públicas. Una característica recurrente de la política exterior mexicana en los últimos años es la enorme incapacidad para definir, con precisión, cuál es el interés nacional. En la medida en que México defina con claridad qué quiere lograr de su relación con Estados Unidos, sabrá mejor cómo reaccionar ante determinadas declaraciones. Y esto incluye el tema de seguridad. El siguiente paso sería encontrar qué es relevante para Estados Unidos y accionar una plataforma conjunta.
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