La Ley de Amnistía para las Autodefensas de Michoacán se encuentra entre todo el paquete de reformas cuya aprobación en el Congreso de la Unión fue postergada para el siguiente periodo ordinario. Dicha legislación, impulsada por el PRD, PT y una fracción del PAN, tiene como objetivo la liberación de casi 400 miembros de los grupos de autodefensas recluidos en prisión, incluido el emblemático líder preso en Sonora, José Manuel Mireles. Desde que se anunció la intención de discutirla, la propuesta fue duramente criticada por el gobierno y los legisladores del PRI. En este contexto, ¿cuáles son las prospectivas de la introducción de una figura de estas características?
La Ley de Amnistía provoca, como pocas leyes, una serie de intensas filias y fobias. Para sus defensores, esta ley resulta necesaria ya que implicaría la reivindicación del Estado frente a un grupo de individuos que se vieron obligados a armarse con el fin de proteger a su familia y propiedades, precisamente porque el gobierno fue incapaz de garantizar un estándar mínimo de seguridad. Por lo contrario, sus detractores argumentan que una ley de esta naturaleza podría derivar en beneficios para toda una serie de individuos vinculados con el crimen organizado, quienes en no pocos casos ya han sido encontrados culpables por el Poder Judicial. En este sentido, el tema de las autodefensas plantea un serio dilema en el que violaciones a la legalidad coexisten con acciones legítimas y, por ende, la solución nunca será sencilla.
Como se puede observar, la oposición a la Ley de Amnistía se debe no tanto a la figura per se, sino a una posible deficiencia en su diseño que abra la puerta a la impunidad. Este argumento no debe echarse en saco roto. En estos términos, parece sensato inclusive retrasar la discusión con el fin de que los criterios que determinarán a los beneficiarios de la ley queden establecidos de la forma más clara posible. Sin embargo, inmediatamente surge la duda justificada sobre cuáles serán estos criterios y, sobre todo, cómo se probará quién sí entra en los supuestos y quiénes no. En pocas palabras, ¿es posible distinguir entre autodefensas “legítimas” y grupos vinculados con la delincuencia organizada? Dada la calidad en el desempeño institucional que precede esta discusión legislativa, no puede descartarse la posibilidad de que una figura –en principio bien intencionada- termine siendo pervertida en la práctica.
Además de las dudas en torno a su diseño e implementación, es importante señalar que la idoneidad de la propuesta y sus verdaderos alcances aún no han sido tratados. A partir de la experiencia internacional, los casos en los cuales las amnistías han funcionado suelen otorgarse al final de procesos sociales convulsos como un mecanismo de cierre y reconciliación social. En México, las condiciones que propiciaron el surgimiento de las autodefensas en Michoacán no se han modificado; la región aún está lejos de ser pacificada (tal como lo demostraron los hechos de violencia del 16 de diciembre en La Ruana). Lo anterior no quiere decir que la amnistía no resulte necesaria para quienes ejercieron acciones legítimas ante un gobierno omiso, sino que es muy probable que la Ley de Amnistía no ponga –como algunos esperan- punto final al tema de las autodefensas. Es más, lo verdaderamente probable es que surjan nuevas autodefensas y, en ese contexto, publicar una amnistía hoy perdería mucho sentido.
Independientemente de que la propuesta de Ley de Amnistía prospere, las soluciones para el rompecabezas michoacano –por mencionar sólo este caso particular—se complejizan. La confusión generada con los recientes enfrentamientos entre autodefensas encabezadas por Hipólito Mora contra aquellas lideradas por Luis Antonio Torres, “El Americano”, siembran mayores cuestionamientos respecto a una eventual amnistía y sus potenciales beneficiarios. Del mismo modo, reaparecen las dudas acerca de la efectividad del estado de intervención de facto que ha ejercido el gobierno federal en la entidad por varios meses. El debate de la Ley de Amnistía no debe convertirse en un nuevo distractor que encubra la omisión de los tomadores de decisiones en encontrar respuestas al caso específico de Michoacán.
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