Desde la elección intermedia se ha especulado sobre cambios en el gabinete del presidente Calderón. Hay tres maneras de analizar el tema. La primera consiste en seguir las columnas de chismes y “trascendidos” que, típicamente, son información de partes interesadas: quiénes quieren entrar, quiénes intentan esquivar ataques o quiénes quieren influir en el proceso. Generalmente son el interés de personas específicas y dado que, con la excepción de la PGR, la composición del gabinete es un privilegio del Presidente, es imposible hacer un análisis relevante con estas fuentes. La segunda manera es evaluar el desempeño de los diversos integrantes del gabinete y proponer un esquema de alternativas a partir de una discusión de lo que sería necesario realizar para lograr los objetivos deseados. Este camino es el favorito de analistas y comentaristas pero tiene el defecto de que la conclusión a la que se llega está atada a la perspectiva o preferencias de la persona o grupo que realiza el análisis. Finalmente, el tercer camino consiste en observar la lógica de las decisiones presidenciales previas y especular a partir de esa observación. El presidente Calderón ha hecho nombramientos siguiendo dos criterios: personas de probada lealtad personal e idealmente panistas, en ese orden, y para posiciones particularmente delicadas personas que, además de leales y cercanas, son percibidas como profesionales en el sector relevante. El caso prototípico es de la Secretaría de Hacienda. Hoy el Presidente podría seguir uno de dos caminos e, idealmente, los dos: renovar a su equipo para afianzar a su grupo en anticipación al proceso de sucesión presidencial y enfrentar los asuntos que exigen acciones urgentes con un enfoque distinto al que se ha seguido hasta la fecha. Bajo estos criterios el Presidente desearía remover a los secretarios que, desde su perspectiva, no son parte de su equipo cercano y reemplazarlos por gente leal y de confianza que pudieran mejorar el desempeño de las entidades respectivas. Desde este punto de vista, pudiera esperarse que sean removidos los funcionarios percibidos como “priístas” por su equipo cercano (que, en esa lógica, no siempre justa o exacta, serían Hacienda, Pemex y PGR). Lo menos que la ciudadanía debería esperar de su gobierno es que al menos los reemplazos de estos u otros funcionarios sean mejores que los removidos.
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