Las autoridades confirmaron la muerte del presunto líder Templario, Nazario Moreno, “El Chayo”, quien fuera abatido en un enfrentamiento. El escándalo surgió inmediatamente; su muerte ya había sido anunciada por la pasada administración en 2010. El cuerpo nunca apareció y las pruebas de su deceso nunca fueron claras. Este hecho logra que el gobierno de Enrique Peña Nieto use en contra este tipo de hechos para fundamentar una narrativa de ineficacia por parte del PAN cuando estuvo en Los Pinos. Sin embargo, parece que el efecto de eliminar a los capos no detiene el flujo de droga ni de dinero. Es entonces cuando la interrogante de si el impacto efectista que quiere dar el gobierno es suficiente. La estrategia de seguridad no muestra una eficacia en la reducción de los delitos y no enseña avances reales. Entonces, ¿qué nos dice más allá?
Si bien con este hecho queda claro que la manera de operar del pasado gobierno distó mucho de basarse en labores de inteligencia adecuadas –basta pensar que se delineó toda una estrategia sustentada en la supuesta “muerte” de “El Chayo”–, resulta difícil afirmar que el PRI tenga entonces una clara (o nueva) estrategia de seguridad. Es criticable de igual forma la manera en la que, si bien fue un gran acierto detener a uno de los hombres más buscados en el país (“El Chapo” Guzmán), la delincuencia organizada prosigue con sus operaciones e, incluso, en sitios clave políticamente para el gobierno federal como el Estado de México, la incidencia criminal está a la alza.
Parece que el gobierno está haciendo mejor lo que el PAN hizo de manera deficiente, pero esto no es precisamente un logro. Matar a “El Chayo” o detener a “El Chapo”, no es desmantelar la red de narcotráfico. Lo ideal sería que el gobierno realmente aplicara la estrategia de follow the money para entonces detectar cómo se lavan enormes cantidades de dinero, de dónde vienen y en dónde y con quién termina la ruta. Si bien es evidente la forma en la cual el gobierno federal ha sabido pactar para sacar las reformas estructurales que habían estado atoradas en el pasado, parece que mucha de la eficacia que quiere lograr es de tono mediático. Como ejemplo tenemos Michoacán, un estado donde el gobierno se metió a fondo al designar un comisionado especial y pactar con las autodefensas. Pero, ¿esta estrategia focalizada es la que realmente terminará con la violencia? ¿Qué tanto se fundamenta esa estrategia en arreglos de dudosa naturaleza?
Estamos frente a una estrategia en la cual el gobierno federal aprovecha las fallas de la pasada administración para así poder obtener control político. Las formas y fondos ahora son muy distintas. Este gobierno opera centralizando poderes e instituciones, además de que poco a poco se han ido borrando los actores en contra. La forma de operar del nuevo PRI parece ser evidenciar y exacerbar errores del pasado –sin corregirlos del todo—con el propósito de chantajear a sus opositores, darle un falso brillo a sus acciones basado en el desprestigio del pasado, más que en la eficacia, y tratar de ocultar la ausencia de un programa de gobierno. Como ejemplo bastan casos como el de Oceanografía, la empresa proveedora de servicios para PEMEX que floreció gracias a contratos millonarios logrados durante las administraciones panistas. Escándalo en el que se mencionan como actores involucrados panistas allegados a Calderón. La estrategia es colocar una “espada de Damocles” sobre las cabezas de los partidos de oposición, pero después de lograr avances importantes con el Pacto por México. Seguramente habrá más “trapos sucios” que al gobierno federal le convenga evidenciar.
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