Michoacán tiene un problema fundamental: la falta de un objetivo claro por parte del gobierno estatal y federal frente a la violencia y el resquebrajamiento institucional. Lo que es más, ni siquiera parece haber un diagnóstico bien definido ni mucho menos una estrategia para atacar las causas del fenómeno que ahí se vive. En principio, parece que el objetivo detrás de la estrategia es la recuperación y pacificación de zonas particulares del estado, particularmente Tierra Caliente. No obstante, la presencia y evolución de los grupos de autodefensa, la existencia de grupos de crimen organizado antagónicos, y la formación de “leyes sociales” de estos grupos en ciertas poblaciones –incluyendo toques de queda, formas de intercambio comercial, entre otras- hablan de un problema que amerita una meta mayor: lo que Michoacán necesita es justicia social. A juzgar por el nombramiento de un Comisionado Federal, todo indica que el gobierno asume que el problema de esencia es ausencia de estructura de gobierno.
El fenómeno michoacano de violencia es muy complejo y se asemeja al observado en otras entidades como Chihuahua: los niveles de violencia se han mantenido muy por arriba del promedio nacional y el tejido social se ha resquebrajado. De hecho, es justo dicha descomposición lo que aseguró un campo fértil para el surgimiento de grupos de autodefensa. Estos grupos han adquirido un grado de legitimidad entre ciertos sectores de la sociedad, lo que muestra el fracaso de la autoridad estatal y municipal de asegurar el orden público. Frente a estos grupos, el gobierno federal tomó la decisión de desarmarlos y procesarlos. Justificable o no dicha acción, pues muchos aseveran que fueron las autodefensas las que pacificaron municipios completos en la entidad, lo cierto es que el problema michoacano no se debe a su existencia, por lo que no debería ser el objetivo principal de la nueva estrategia policiaca emprendida por el gobernador y el gobierno federal.
Justicia social en el caso de Michoacán implica una estrategia con distintas aristas. Efectivamente, es necesaria la intervención policiaca mientras que la participación militar es de juzgarse. Sin embargo, es una estrategia insuficiente pues, aun cuando ha existido desde la intervención de Felipe Calderón en 2006, no ha asegurado la reconstrucción del tejido social. Es indispensable la limpieza de las instituciones estatales y municipales, acompañada de juicios a funcionarios públicos coludidos con grupos criminales; el reconocimiento de grupos criminales irreconciliables; considerar que las autodefensas adquirieron legitimidad importante en ciertos municipios, por lo que sólo desarmarlos y levantar denuncias del fuero federal no será suficiente. De hecho, cabe preguntar si será necesario inclusive un tipo de amnistía a estos grupos, otorgar el perdón penal por portación de armas ilícitas y otros delitos, analizar la procedencia de las mismas, y transformar a los integrantes de las autodefensas en vigilantes ciudadanos abocados a monitorear zonas y promover políticas de prevención del delito.
Éste es un caso especial de creación y formación de instituciones, en contraste a lo que comúnmente recurrimos. Una solución miope sería convocar a elecciones para reconfigurar quiénes ocupan los cargos de gobierno. Con la intromisión presupuesta del crimen en las instituciones, una elección podría ser hasta contraproducente.
De no hacer lo anterior, el estado puede “pacificarse” en el corto plazo, pero podría convertirse en una tierra de rencores hacia adelante. Lo anterior implica regresar a condiciones sociales post-revolucionarias donde los conflictos eran solucionados de forma personal en lugar de recurrir a las instituciones en turno. Esto implicará sencillamente un incremento sustancial de los homicidios dolosos sobre todo en zonas rurales y urbanas de Tierra Caliente. Cuando nos demos cuenta que la justicia genera confianza y la confianza legitimidad, seremos capaces de comenzar a reconstruir las instituciones en Michoacán. Por vía de mientras, el presidente de la República envió a su bombero estrella a enfrentar el problema, lo que sugiere el nivel de prioridad que el asunto ha cobrado.
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