En la policía deben centrarse muchas de las esperanzas de la sociedad mexicana en revertir la situación de inseguridad. La policía preventiva es el actor más desaprovechado del sistema. Casi tres de cada cuatro servidores públicos que trabajan en áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia y ejecución de sanciones, son policías preventivos uniformados. Son 315 mil servidores públicos que todos los días salen a las calles y caminos del país a tratar de mantener el orden, servir a la comunidad y prevenir, evitar o frustrar el delito (más al menos 75 mil efectivos que sirven en corporaciones de seguridad privada). En 2005, más de 41 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto de los tres niveles de gobierno en seguridad y justicia penal, se dedicaron a las áreas de policía preventiva.
En México se ha perpetuado un modelo de policía intensivo en mano de obra mal calificada. No existen las condiciones para que funcione una auténtica carrera policial. Ser policía en México significa tener un empleo mal pagado, de alto riesgo y con un estigma social muy negativo; por lo que se ha convertido en una actividad secundaria que se deja en cuanto surge una mejor opción. Existe una gran rotación en el personal de las corporaciones, los grupos de mando peregrinan cada tres años de corporación en corporación y los policías de línea emigran hacia trabajos mejor remunerados o de menor riesgo y estigmatización. Las policías municipales siempre tienen vacantes y la necesidad de personal propicia que los requisitos de admisión cada vez se hagan más laxos.
Después de más de una década de esfuerzos, los policías en México tienen una escolaridad promedio de 8.8 años de educación; cuando hay enfrentamientos mueren más policías que delincuentes por la poca capacitación y el menor equipamiento; 60% de los policías padece enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, miopía y gastritis (datos de Ernesto López Portllo); aproximadamente 40% de las lesiones que sufren los uniformados son autoinfligidas o causadas por sus propios compañeros en prácticas o durante operativos, generalmente derivadas del mal acondicionamiento físico y poco desarrollo técnico.
Esta poca capacidad de respuesta eficaz y el desarrollo de prácticas de corrupción han hecho que la ocupación de policía sea estigmatizada por la sociedad. Las encuestas ciudadanas reportan que 80% de los entrevistados desconfían de la policía; los ciudadanos la califican con 4.48 (sólo mejor que los diputados con 4.46), y la mayoría la considera incapaz y corrupta (encuestas del ICESI y la UNAM).
Como se desconfía tanto de la policía, en vez de mejorarla se ha optado en las últimas décadas por quitarle atribuciones y reducir al mínimo la posibilidad de contacto con los ciudadanos. La policía no puede prevenir porque la información para construir mapas delictivos y alimentar la inteligencia policial es atesorada por las procuradurías (que son las que reciben las denuncias); que pocas veces la comparten o, cuando lo hacen, la actividad delictiva ya se ha desplazado. Tampoco puede actuar posteriormente: si un ciudadano aborda a un oficial y le señala a un ladrón que lo robo tres días antes, el uniformado tendrá que decirle que el no puede intervenir, pues una detención en esas circunstancias la tendría que hacer la procuraduría de justicia en cumplimiento de una orden de aprehensión. Así, la policía no puede intervenir ni antes ni después del delito, sólo puede actuar durante su ejecución. Se utiliza a la policía principalmente para disuadir con su presencia a los posibles ladrones ocasionales, un método poco eficaz y muy costoso.
El heroísmo y el sacrificio de muchos uniformados honestos requiere repensar y rediseñar a la policía. Transformar legal y administrativamente a las organizaciones policíacas, hacer de la carrera policial un destino de vida atractivo, mejorar la capacitación, el salario y las condiciones de trabajo son una exigencia para desarrollar el gran potencial de los servicios de policía preventiva. Deben desarrollarse y especializarse los diversos ámbitos de la función policial, desde la atención y orientación a la ciudadanía; prevención e información entre la población en general y, particularmente en los grupos y regiones más vulnerables; manejo y resolución de pequeños conflictos comunitarios y vecinales; mantenimiento del orden público; intervención en situaciones de crisis; elaboración de mapas delictivos y diseño de programas de prevención de delitos de alto impacto; realización de tareas de inteligencia; diseño e instrumentación de operativos de elite ante el crimen organizado, por referir algunos. En fin, el desafío es desarrollar una nueva policía, depurada, capaz, solvente, cercana. Quizá bastaría la mitad del personal si tiene una mayor y mejor capacidad de servicio.
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