En el marco de sus comparecencias ante las dos cámaras del Congreso, realizadas los días 7 y 9 de octubre, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseveró que la política de la actual administración en el rubro se sustenta en dos ejes básicos: la atención a la pobreza alimentaria, por medio del (polémico) programa Sin Hambre, y la creación de una red universal de seguridad social, cuyos bastiones son el establecimiento de una (nimia) pensión –a la que, por cierto, todavía le faltarían 38 mil millones de pesos para ser “universal”— y un (tortuoso) seguro de desempleo. En el papel, pocos podrían oponerse a estas loables pretensiones. Ahora bien, ¿qué tanto están dirigidas a producir cohesión social e igualdad de oportunidades para los mexicanos más desfavorecidos? ¿No se trata acaso de una batería de herramientas asistencialistas que disfrazan la perpetuación de la pobreza y, paradójicamente, de fieles clientelas electorales?
Toda política de desarrollo social contiene dos elementos inseparables. El primero, proporcionar los elementos necesarios a fin de “nivelar la cancha” para los sectores de la población más marginados y vulnerables al garantizar, por lo menos, el acceso a servicios básicos. Además, busca fomentar la creación de oportunidades de tal manera que su contexto económico sea más favorable y puedan elevar su calidad de vida. El segundo elemento, menos romántico y más real, es el político-electoral. Esto no es per se criticable ya que, de forma legítima, un gobierno puede buscar “ser premiado” por la implementación de una política útil y benéfica para la ciudadanía. No obstante, el fin electoral de una política de desarrollo se pervierte cuando el objetivo del gobierno es generar y preservar clientelas con paquetes asistencialistas que provean “lo mínimo necesario”, honrando la premisa de “peor es nada”. Bajo este tipo de programas, la política de desarrollo social se convierte en una forma más de gasto ineficiente y poco transparente (sólo basta mirar el poder que tienen y, por ende, lo codiciado que son, los puestos de delegados estatales de la SEDESOL), pero con un enorme potencial de rentabilidad política.
Ahora que el PRI ha regresado al poder, la fórmula del asistencialismo vuelve a ser el “sello de la casa”. Esto se facilita porque Acción Nacional, a lo largo de su estancia en el gobierno federal, poco o nada logró quitarle el cariz asistencialista a la política de desarrollo social (no le enseñaron al pobre a pescar). Sin embargo, los tiempos sí han cambiado. A diferencia del estado de cosas durante, por ejemplo, la década de 1960, en la actualidad existen grandes presiones sobre las finanzas públicas en temas de riesgo para un súbito colapso de la economía de millones de mexicanos. Primero, el sistema de pensiones y jubilaciones, además de excluir a dos terceras partes de los trabajadores, está en peligro de no cumplir sus compromisos para 2015, los cuales ascienden a 3.02 billones de pesos (88% del presupuesto federal previsto para el ejercicio 2013-2014). Segundo, el país experimenta un progresivo desgarramiento de la red de seguridad social. Esto ha sido producto tanto de reglamentaciones laborales ambiguas y desfavorables para los trabajadores, como del creciente tamaño del sector informal. Sin un marco legal adecuado y, sobre todo, con una base tributaria en reducción, es ridículo pensar en un sistema de seguridad social sustentable. Esto se ignora por completo en la propuesta de la llamada reforma social y hacendaria.
En suma, la política de desarrollo social de Peña no sólo carece de elementos para absorber el impacto de diversos compromisos previos de gasto (aunque siempre queda la tentación irresponsable del déficit), sino que piensa adquirir otros nuevos e inviables. Así, este “nuevo asistencialismo” no nada más aplica el “peor es nada”, pero también el “a costa de lo que sea”. La mala noticia es que ese esquema es una atenta invitación al desastre.
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