“Nadie aguanta un cañonazo de cincuenta mil pesos”; una frase atribuida al presidente Álvaro Obregón y ejemplo de cómo se hacía política en la tercera década del siglo XX. En los últimos días, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y su partido –heredero de los vencedores de la Revolución –ha seguido tácticas similares para apaciguar a corporaciones gremiales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el espectral Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y, en una especie de medida preventiva, al Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Los primeros dos se han caracterizado por haber dificultado la gobernabilidad en tiempos recientes, mientras el tercero será un actor crucial en lo que pudiera venir antes, durante y después de la reforma energética.
Hoy, el grueso de los profesores de la CNTE ha retornado a sus lugares de origen (principalmente a Oaxaca), no sin antes haber negociado el pago de “salarios caídos” (mientras estuvieron protestando sin trabajar), además de lograr “recuperar” su bono por inicio del ciclo escolar (casi dos meses después que el año lectivo oficial). Paralelamente, un grupo de 1,500 ex-trabajadores del SME negoció el pago de sus pensiones de 15 mil pesos mensuales, con el beneplácito de su líder, Martín Esparza. Mientras tanto, PEMEX y el STPRM, encabezado por el “ínclito” Carlos Romero Deschamps, firmaron un convenio que plantea la revisión y subsecuente adelgazamiento de la planta sindical de la paraestatal. En este caso, no sabemos qué tipo de incentivos monetarios pudo ofrecer el gobierno para poner en marcha dicho acuerdo. Estos tres acontecimientos enmarcan una de las formas de gobernar de la administración Peña, la cual ha recurrido a uno de los mecanismos característicos del priísmo de antaño: la cooptación.
En todo el mundo, hacer política implica, en ocasiones, la utilización de dinero para conciliar negociaciones que de otro modo serían insalvables. Sin embargo, la política “a billetazos” es una de las formas más pedestres de llegar a acuerdos. Asimismo, en la experiencia mexicana, ha destacado como medio de defensa de viejos feudos que han obstaculizado –y siguen haciéndolo— el desarrollo del país. La “gobernabilidad rentista” en México solapa que los grupos de interés, clientelas y corporaciones, pugnen de manera estridente por defender prebendas y privilegios, a cambio de, por ejemplo, dejar en paz (hasta nuevo aviso) a la ciudadanía, principalmente a la del Distrito Federal. Esta política no sólo es sub-óptima en una democracia, sino insostenible en el largo plazo, en particular si el presupuesto es reducido. El paupérrimo crecimiento económico y la incapacidad del gobierno federal para recaudar, muestran los límites de esta forma de mantener el control.
La “política a billetazos” tiene el problema de que los recursos necesarios para cooptar a los grupos más ruidosos son crecientes en el tiempo y le imponen una presión importante al alza del presupuesto público. Pese a que el gobierno federal sabe que podría optar por formas menos onerosas, pero políticamente más costosas, como la utilización de la fuerza pública en caso de la comisión de algún delito (como daño a propiedad ajena, a las vías de comunicación, robo, entre otros de gran frecuencia durante algunas manifestaciones), prefiere pactar a la vieja usanza. Los gobiernos panistas intentaron una alternativa intermedia: a veces pactar, otras ignorar. Al final, ninguno de los modelos resuelve.
Es imperativo reconocer que la forma de actuar del gobierno tiene una lógica impecable: por sus propios errores y mal manejo de los tiempos, el riesgo más importante que estaba corriendo era el de ver unidas a todas las fuentes de oposición no partidista. Tanto los intereses afectados en materia educativa (la CNTE) como AMLO y sus huestes y otros grupos amenazaban con convertirse en un frente impenetrable. Romper esa posibilidad se convirtió en un imperativo categórico y, se podría argumentar, frente a eso, cualquier costo era pequeño. Sin embargo, no por eficaz que haya sido el manejo coyuntural se pueden ignorar sus potenciales consecuencias, sobre todo en la forma de los perniciosos incentivos que la solución ha creado. Ahora todos los intereses que pululan en el país saben por dónde cojea el gobierno y cuáles son sus límites al futuro. Ese es siempre el problema de los arreglos obscuros e inconfesables: en contraste con las soluciones institucionales, nunca son permanentes.
Ciertamente, apaciguar al SME, tener al mayor número de maestros de la CNTE desmovilizados, y controlar al STPRM, eran imperativos a fin de cerrar flancos de potencial conflicto de cara a la eventual aprobación de reformas como la energética y la hacendaria. Ante la incapacidad (voluntaria y estructural) de la aplicación del estado de derecho, se recurre a la compra de la gobernabilidad. Así, el gobierno federal no sólo tomó “palabra por palabra” al presidente Cárdenas para diseñar su propuesta energética, sino que, en términos de su fórmula para la gobernabilidad, hace lo propio con la célebre cita del general Obregón. El tiempo dirá.
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