La política es el medio a través del cual una sociedad concilia sus diferencias, enfrenta sus conflictos y toma sus decisiones. En una democracia, así sea incipiente como la nuestra, el proceso de toma de decisiones sigue una dinámica en la que distintas instancias del gobierno, y todos los actores políticos, hacen patentes sus intereses, preferencias y puntos de vista. Las iniciativas pueden surgir, formalmente, tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Sin embargo, la característica esencial de la democracia es que todos los actores políticos y sociales tienen la posibilidad de influir en dicho proceso y hacer valer sus posturas. La labor de los políticos es la de encontrarle la cuadratura a ese círculo. A la luz de esta enorme complejidad, la experiencia de los primeros seis meses del primer gobierno no emanado del PRI es razonablemente buena.
Lo irónico del momento actual es que el gobierno se siente acosado e insatisfecho, mientras que la población se manifiesta suficientemente complacida con la situación que vive el país. Lo típico es encontrar lo opuesto. Si bien la economía crece a una tasa sensiblemente menor a la del año pasado, los mexicanos parecen reconocer que el origen de la desaceleración se encuentra fundamentalmente en la economía norteamericana. De la misma manera, si bien no todas las iniciativas gubernamentales han sido aprobadas en el congreso, las encuestas indican que la población reconoce el esfuerzo de ambas partes por avanzar en lo posible la agenda gubernamental. La realidad es que, a pesar de todo, el primer experimento democrático en el país progresa sin impedimentos infranqueables.
Pero esta no es la evaluación que emana del gobierno. Desde la óptica gubernamental, en particular la presidencial, el congreso paralizó la iniciativa de reforma fiscal y degradó la iniciativa en materia de derechos indígenas, y la economía se encuentra varada por la dificultad de avanzar las reformas que se precisan. Si bien algo hay de verdad en todas y cada una de estas apreciaciones, la realidad es que el país comienza a adquirir los rasgos de una democracia en tanto que se empiezan a atisbar mecanismos de pesos y contrapesos, por lo menos en el frente legislativo. Por su parte, los legisladores se sienten responsables ante la opinión pública, a pesar de que no tienen que enfrentar el juicio popular emitido a través del voto en una elección al finalizar su gestión. Como mostró el proceso de aprobación de la iniciativa en materia de derechos indígenas, los legisladores actuaron con gran responsabilidad, a sabiendas de que su decisión afectaría a todos los mexicanos y no sólo a una pequeña parte de ellos. Lo paradójico en todo ese affaire no fue el desempeño de los legisladores, sino el del presidente, quien debió haber declarado victoria y satisfacción plena a las condiciones impuestas por los zapatistas. Desaprovechó una situación privilegiada para cerrar ese desagradable capítulo de nuestra historia reciente.
El pasado 2 de julio los ciudadanos manifestaron su repudio al abuso gubernamental, a la ausencia de medios para hacer valer su opinión y a la propensión gubernamental a apostar el país entero una y otra vez. La ausencia de contrapesos a las decisiones gubernamentales permitió que sucesivos gobiernos tomaran riesgos excesivos e inaceptables en materia de endeudamiento, déficit fiscal, gasto público y, en general, en todas las decisiones públicas. Los gobiernos priístas no le rendían cuentas a nadie ni se sentían obligados ante la población de manera alguna. Y, aunque la opinión pública, la de quienes se expresan a través de los medios de comunicación, fue creciendo y haciéndose relevante a lo largo de los años, ésta representa tan sólo un vehículo –con frecuencia limitado y poco representativo- del proceso democrático y no el fundamental.
La democracia, decía Joseph Schumpeter, es un método para tomar decisiones. Bajo esta definición, lo fundamental es que existan mecanismos perfectamente estructurados para que las decisiones se tomen y que la sociedad tenga capacidad de hacerse presente. Lo que estamos presenciando ahora es un primer acercamiento al proceso democrático: todavía no tenemos una estructura democrática perfectamente acabada y desarrollada, pero al menos existen instancias que comienzan a limitar el poder presidencial. Lo que falta es ampliar el espectro de la participación ciudadana a fin de que la sociedad se sienta efectivamente representada y cuente con los medios (el voto y la reelección) para obligar a los políticos, específicamente a los legisladores, a avanzar sus intereses y demandas.
Pero, ¿están de verdad tan mal las cosas como sugiere el discurso presidencial? En términos de lo que sería deseable para el desarrollo del país y el bienestar de la población es evidente que los rezagos son ingentes por lo que un discurso triunfalista pecaría de frivolidad. En este sentido, el apremio del que está impregnado el discurso presidencial está plenamente justificado. Pero, en el horizonte de lo inmediato, la desesperación que muestra la retórica del presidente en poco contribuye a resolver los grandes problemas del país y puede, en cambio, complicar el avance de su agenda todavía más.
Cabe entonces preguntar qué es lo que permitiría avanzar la agenda presidencial. Los obstáculos en la actualidad son de tres tipos. Primero, existe un problema estructural real que obstaculiza la negociación entre los dos poderes de la unión y que tiene que ser confrontado a través de una reforma político electoral de largo alcance. Segundo, el trabajo del ejecutivo en el proceso legislativo ha sido poco efectivo, en buena medida porque el presidente ha centrado sus esfuerzos en tratar de convencer a la población de la bondad de sus iniciativas, cuando la ciudadanía no tiene medios para influir sobre los legisladores. Además, la popularidad del presidente no parece suficiente para que la ciudadanía apruebe y haga suyas reformas que por su naturaleza implican (o por lo menos lo aparentan) costos en el corto plazo. En tercer lugar, se debe considerar que el sistema político fue diseñado para operar con un legislativo controlado por el partido del presidente, situación que ya no se verifica en la actualidad. Además, para colmar el plato, el presidente y su partido se han comportado como si no existiera relación y compromiso entre ambos. Aunque algunas iniciativas presidenciales sin duda podrán navegar a través de estos complejos mares, como lo hicieron las referentes al presupuesto y los derechos y cultura indígenas, mientras no cambien estos tres factores, habrá más conflicto que cooperación entre los dos poderes públicos.
Por lo que toca al problema estructural, la distribución de poder que resultó de las elecciones federales del año 2000, definitivamente no es conducente a un proceso fácil y cooperativo de toma de decisiones entre el presidente y el congreso. Por un lado, el presidente logró una victoria decisiva y legítima, pero no una mayoría absoluta que le permita sustentar y avanzar sus iniciativas. Por el otro, el congreso se encuentra dividido y sus integrantes no se sienten obligados ante el presidente o la población. Evidentemente, a todos los legisladores les preocupa la opinión pública, pero su carrera no depende, más que en contadas excepciones, de su desempeño en el congreso. Bajo este escenario, lo increíble es que sea posible avanzar en algunos temas. En algún momento, el presidente y los partidos tendrán que sentarse a diseñar una nueva estructura política que permita una representación directa y efectiva de la población y mejores mecanismos de interacción entre ambos poderes. Este no será un proceso fácil, pero será inevitable si el país ha de ser capaz de enfrentar los retos que tiene en la actualidad y que se irán presentando en el curso del tiempo.
El desempeño del presidente en la promoción de sus reformas es paradójico. Todo su esfuerzo se ha centrado en convencer a la población de la bondad de sus iniciativas y, sin embargo, el mensaje ha sido poco exitoso. La “venta” de la reforma fiscal ha sido defectuosa (en tanto que no enfatiza sus beneficios sino la confianza ciega que se le debe depositar a la persona del presidente) y sus resultados están a la vista. Vicente Fox, el excepcional comunicador, ha tenido un mensaje pobre que comunicar. La población no reconoce mayor virtud en un aumento de impuestos (que es la manera en que el presidente ha presentado su iniciativa) y, aunque reconoce la legitimidad del presidente, no aprueba la iniciativa que en esta materia ha promovido. Sin embargo, a diferencia del problema estructural, de “arquitectura” constitucional, que entraña el primer obstáculo, rebasar el impedimento de la comunicación no tiene porque ser difícil para una persona con el carisma y las habilidades del presidente Fox.
Irónicamente, el más inexplicable de los obstáculos es también el más simple de resolver. La administración no se entiende con su partido en el congreso ni parece reconocer la importancia de hacerlo. Sus esfuerzos, loables bajo cualquier medida, se han enfocado a establecer puentes con los otros partidos, especialmente con el PRI, que tiene la llave del voto legislativo. Sin embargo, esos esfuerzos han sido infructuosos en la medida en que no se han traducido en la aprobación de la agenda legislativa presidencial. Probablemente la clave del éxito del presidente en el congreso resida en la naturaleza de la relación que logre forjar con su propio partido.
Los retos que el país tiene frente a sí en materia de pobreza, de crecimiento económico, de desigualdad, de educación, de productividad y de transformación institucional son verdaderamente enormes. Es evidente la necesidad de reformar al gobierno, modernizar la economía, revolucionar las empresas públicas y transformar la educación. Para ello es imperativo promover la esperanza en el discurso presidencial y abandonar el sentido de preocupación y desesperanza que lo ha caracterizado recientemente. El retroceso legislativo actual no es más que una llamada de atención. Es evidente que el barco debe ser enderezado y el liderazgo presidencial resulta fundamental para lograrlo. Lo urgente es aprender de las experiencias que han arrojado los dos periodos ordinarios de sesiones de la legislatura actual.
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