Ya son varias semanas en las que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha caído en el escarnio mediático y de las redes sociales tras las denuncias hechas por el actual mandatario tabasqueño, Arturo Núñez, respecto al saqueo de las arcas del estado que presuntamente habría llevado a cabo. Más allá de si se demuestra o no alguna culpabilidad de Granier y, de ser conducente, llegara a ser procesado, ¿qué otras aristas tienen este y otros casos (como el del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, acusado de uso indebido de recursos públicos), no tanto desde la perspectiva de la aplicación oportuna y expedita de la justicia, sino a partir del análisis de la “nueva” relación entre los gobiernos estatales y el federal?
Aunque hoy la atención se centra en Granier y Reynoso, existe un colorido mosaico de ex gobernadores y ex ediles que, o son prófugos de la autoridad –como Tomás Yarrington—, o que, aun con cantidades groseras de evidencia en su contra, se pasean con toda impunidad por las calles y hasta ostentan algún cargo público. El uso selectivo de la procuración de justicia, es decir, “no medir con el mismo rasero” casos similares o peores al de, por ejemplo, Elba Esther Gordillo, parece regresar como arma política al más puro estilo del aplicado con bastante frecuencia hasta hace un par de décadas. El esquema instaurado durante el régimen autoritario en el que los gobernadores mostraban –salvo deshonrosas excepciones—altos grados de sumisión frente a la investidura presidencial, se debilitó a partir de la presidencia de Ernesto Zedillo. No obstante, esto se condujo al extremo a lo largo de las administraciones presidenciales panistas, en las cuales se confundieron las libertades del federalismo, con un régimen de autonomía casi libertina de las autoridades estatales. Haciendo una analogía, la Federación pasó de ser un papá autoritario y represor, a un papá pelele a quien sus hijos hacen poco o nada de caso e, incluso, abusan de la desatención paterna, pero acuden a él cuando se ven rebasados por sus problemas. Así, en el gobierno de Felipe Calderón, por un lado los estados extendían a plenitud sus manos para gozar de las mieles del endeudamiento público y la opacidad en el gasto, pero corrían al regazo presidencial a fin de solicitar la intervención de las autoridades federales en el tema de la inseguridad. Del mismo modo, proseguían de manera impune con abusos de poder a los cuales la Federación hacía caso omiso.
El gobierno del presidente Peña parece haber asumido una estrategia de colocación de la “espada de Damocles” encima de la cabeza, no sólo de gobernadores y munícipes –pasados y en funciones—, sino de líderes sindicales, personajes de la oposición, y hasta de los llamados poderes fácticos. Los abusos cometidos desde el poder tienen la amenaza creíble de ser perseguidos. ¿De qué depende ello? Habrá que esperar casos como los de personajes como Humberto Moreira o Carlos Romero Deschamps. Por lo pronto, los mandatarios estatales no sólo deben cuadrarse con un “buen comportamiento”, sino que, dado el sistema “federalista” de asignación de recursos (cuya “llave” apenas ha dejado caer unas gotas desde la Secretaría de Hacienda), también tendrán que “hacer méritos” para poder acceder a las participaciones presupuestarias requeridas para poner en marcha sus programas de gobierno.
En suma, si cae Granier, por un lado, igual que como sucedió tras la captura de la “Maestra” Gordillo, varios personajes buscarán la forma de no ser los siguientes en la lista; por otro lado, Núñez, a quien se le habrá entregado la cabeza de uno de sus adversarios políticos, tendrá una “deuda pendiente” con el gobierno federal. Ningún cabo suelto.
Desde una perspectiva más amplia, más allá de los casos conocidos o de los que se manejan en los medios, el uso del poder presidencial para disciplinar a gobernadores o poderes fácticos experimenta un cambio cualitativo. Primero que nada, el presidente Peña ha venido construyendo un andamiaje legal que le permite actuar sin violentar la ley, como ilustra, por ejemplo, la modificación a la ley de amparo. En esto hay una clara diferencia respecto al pasado. Por otro lado, no todos los gobernadores o poderes fácticos presuntamente abusivos son igualmente potenciales víctimas de la acción legal: algunos construyeron protecciones legales formidables que los hacen virtualmente inmunes frente a un tribunal. Todo esto arroja dos circunstancias: por un lado, los intentos por perseguir a personajes presuntamente corruptos pueden ser muy rentables mediáticamente pero no todos concluyen bien para quien persigue. El caso de Oaxaca es sugerente. Por otro lado, la forma de actuar del gobierno federal actual permite observar que su decisión de iniciar procesos legales en casos flagrantes donde sin duda existen fundamentos legales está sujeta a consideraciones frecuentemente más políticas que legales.
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