En esta ocasión, al continuar con el análisis dedicado a las iniciativas preferentes del presidente Calderón, toca el turno a las reformas y adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). El contenido de esta iniciativa es simple solamente en su misión y objetivo prácticos: transparentar y otorgar acceso a la información pública gubernamental en los múltiples órdenes de gobierno. El resto es un poco más complicado y se refiere a algo denominado “armonización contable” que junto con la transparencia forma una mancuerna formidable para combatir la opacidad gubernamental. Pero, ¿Cómo funciona esto y qué complicaciones podría acarrear su implementación?
Para darle un ejemplo, piense usted en hacer un seguimiento trimestral y puntual de sus bienes más allá del dinero que entra y sale de su cartera. Es decir, también los intereses de la deuda de su tarjeta de crédito, la cuenta de inversiones (con las variaciones del mercado), el valor de su carro y el valor de su casa (con todo y depreciación mensual). Ahora, imagínese tener que coordinarse con su cuñado que odia, la suegra que le aburre y su prima que adora para que todos lo reporten al mismo tiempo, de la misma manera, que le digan la verdad y que le permitan checar sus finanzas para revisar que todo ello es correcto. Más o menos eso implica esta reforma. Ahora imagínelo con miles de millones de pesos, empresas paraestatales, estados y municipios. En síntesis, es complicado.
Pero más complicado es que todos acepten todas las implicaciones. Y es aquí, en la aceptación y ejecución, donde entra el Congreso de la Unión. Es decir, la política antes de la práctica, legislo y luego existo. El consentimiento sobre responsabilidades que implican reclamos y regaños nunca es fácil de conseguir, seguro usted lo ha vivido. Por esto, el principal obstáculo para la reforma se intuye con facilidad: ningún gobierno local quiere dar más información para estar sujeto al escrutinio público. El magistrado Santiago Nieto da evidencia de ello al mostrar que, a pesar de los avances legales en esta materia, de 2002 a 2007, sólo 81% de las entidades federativas desarrollaron mecanismos institucionales de acceso a la información. Ello a pesar de que el 100% tiene legislación en la materia.
En sí, el problema básico de concretar un esquema como este en México es que la letra de la ley depende de la voluntad política. En cualquier caso, habrá que poner especial atención a tres temas particulares: (i) el calendario de aplicación de la reforma, (ii) los medios de financiamiento de la transición a este esquema y (iii) la distribución de facultades de fiscalización entre órdenes de gobierno. En suma, el éxito de una ley con la complejidad de la LGCG depende en gran medida de los elementos técnicos y metodológicos de aplicación –tal vez de ahí que el Senado haya instalado con rimbombancia una comisión técnica especializada para dictaminar la iniciativa presidencial.
En el discurso, todos los partidos han mostrado su apoyo a la ampliación de la transparencia y fiscalización de los recursos a través de todos los órdenes de gobierno. No obstante, la diferencia de enfoques respecto a la propuesta del gobierno federal podría complejizar todavía más la discusión. Por ejemplo, el coordinador del grupo de senadores perredistas que integran la comisión técnica, Armando Ríos Píter, ha adelantado que la iniciativa tiene insuficiencias en materia de fiscalización por lo que esa fracción parlamentaria planea lanzar una iniciativa propia en materia de los poderes de la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de vigilancia locales. Por su parte, el grupo parlamentario del PRI ha señalado que les interesa discutir el presupuesto para que los municipios hagan la transición al sistema que exige la ley. Recordemos que los requerimientos tecnológicos que se incluyen en la misma en materia de pagos electrónicos y plataformas virtuales de acceso a la información a menudo están lejos del alcance de los municipios pobres (y los no tan pobres) de la República.
Como se puede observar, la propuesta presentada, con todas sus aristas e implicaciones, representa un reto y un compromiso en el futuro inmediato. Por un lado, el reto corresponde a la ciudadanía y sus representantes. Este implica lograr que la reforma se integre al marco institucional de manera que asegure una transparencia útil que fortalezca al Estado y empodere a sus ciudadanos. Por otro lado, el compromiso es con el futuro. La oportunidad que presenta esta iniciativa para ampliar la cobertura de la normatividad de transparencia es valiosa y por este motivo será importante ver, en el resultado, la posición de los poderes locales frente a la triada de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Esperemos que el resultado no sea demasiado desalentador.
Sobra decir que una de las interrogantes clave en el proceso por el que atraviesan las dos iniciativas preferentes –laboral y contabilidad- es si existe coordinación entre la administración saliente y la entrante. Algunos elementos de las iniciativas (como el no incluir al Apartado B de la Constitución en la iniciativa laboral) sugieren que la coordinación es integral. El resultado dirá quién sale beneficiado o perjudicado o si, al final de cuentas, el procedimiento arroja una suma cero.
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