Una década ha transcurrido desde que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) dio inicio a sus actividades. Hace una semana, el organismo anunció que su sistema de recepción de solicitudes de información (INFOMEX) habría recibido su requerimiento un millón. El martes siguiente, 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas constitucionales que, entre otras cosas, otorgarán autonomía plena al IFAI, además de ampliar el catálogo de sujetos obligados a todos los poderes de la Unión, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y todo aquel ente receptor de recursos públicos. Después de un tortuoso y tardado proceso, la mayoría de las modificaciones propuestas hace más de un año por el entonces presidente electo, Enrique Peña, finalmente el país tendrá un nuevo marco jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas. La comunidad de organizaciones de la sociedad civil ha celebrado, en general, la aprobación de las reformas y las considera un avance. Esto resalta ante la realidad de un gobierno que parece no considerar el asunto como prioritario, a pesar de las múltiples declaraciones de funcionarios de alto nivel que señalarían lo contrario. Entonces, ¿qué tanto se pueden considerar positivos los cambios aprobados?
Aunado al pase de las reformas, el gobierno federal se encuentra adscrito a la llamada Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa internacional encaminada a cumplir cuatro ejes fundamentales: mejora de los servicios públicos, aumento en la integridad pública, manejo de recursos con mayor eficiencia y eficacia, y aumento de la rendición de cuentas. A finales de octubre pasado, México asumió la presidencia de dicha iniciativa y la ostentará hasta 2015. En el plan de trabajo que presentó el gobierno para su gestión en dicha alianza, se establece la participación tanto de autoridades como el IFAI y la aún indefinida Secretaría de la Función Pública –dependencia que fue extinguida hace casi un año y en espera de su sucesora, la fiscalía anticorrupción—, además de distintas organizaciones de la sociedad civil. Si bien este compromiso podría considerarse un paso hacia adelante en el rubro de la transparencia y la rendición de cuentas, la realidad es que existen demasiados cabos sueltos que hacen pensar que estas medidas simplemente son promesas destinadas a incumplirse. Más al punto, no parece evidente que una mayor transparencia, si eso es lo que se logra, eleve o mejore la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
No se debe olvidar cómo la propuesta original que habría de ser dictaminada por el Congreso hace unos meses, incluía varias disposiciones consideradas negativas por especialistas en el tema. El dictamen legislativo que finalmente salió fue enmendado –en aquella sesión sui generis llevada a cabo en la sede legislativa alterna del Centro Banamex—y apenas fue enviada a los congresos locales esta semana. No obstante, aun con los avances estipulados, hay ciertos resquicios que deben llamar a la cautela y, sobre todo, a la vigilancia por parte de la sociedad. Destaca en particular la oración adicionada al artículo 6 constitucional que dice: “…la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la inexistencia de la información”. Asimismo, se vuelve a establecer el imperativo de legislar sobre lineamientos generales que complementen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los cuales han estado pendientes por más de diez años. La importancia de esto último reside en que los órganos estatales de transparencia han transitado “por la libre” y suelen escudarse en la ausencia de reglamentación a fin de ocultar cierta información crucial. Entonces, la cláusula sobre la “inexistencia de la información” y la negligencia en el diseño de una ley general de transparencia, podrían ser los puntos finos que convertirían las buenas intenciones de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en sólo letras en un papel. La experiencia en este sentido es vasta.
Ahora bien, en adelante, sería irresponsable culpar a las autoridades de los potenciales retrocesos en las obligaciones de transparencia del gobierno. Si algo ha traído la transición a la democracia es el papel cada vez más crítico de la sociedad civil en la construcción e implementación de las políticas públicas. Si no se toma “al toro por los cuernos” y la sociedad no se convierte en vigilante de las acciones gubernamentales, entonces también la democracia mexicana será un ejercicio “de dientes para afuera”. Y este es el tema de fondo: cómo conciliar los escasos medios de acción que tiene la ciudadanía a su alcance con la propensión casi genética de nuestros gobernantes a considerar la información como privada y, sobre todo, cómo convertir a la disponibilidad (cada vez más amplia) de información en un medio de contrapeso frente al gobierno. A final de cuentas, el objetivo debería ser una mejor calidad de la gestión pública y nunca hay que perder de vista que eso es lo que esos instrumentos deberían contribuir a lograr.
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