La reforma financiera: ¿más crédito y menos irresponsabilidad?

Competencia y Regulación

En teoría, la reforma financiera busca fomentar una mayor competencia entre los proveedores de servicios financieros; impulsar y fortalecer a la banca de desarrollo; ampliar los productos y servicios financieros en mejores condiciones para sus usuarios; y, asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que con la reforma financiera, el financiamiento interno al sector privado como porcentaje del producto interno bruto crecerá de 25.7% en 2012 a 40% en 2018. Por su parte, el Banco de México sostiene que dicha reforma puede contribuir con un 0.5% de crecimiento económico adicional para el 2014. Es evidente que para crecer, nuestro país requiere un sector financiero dinámico, pero ¿cuáles son los beneficios de esta reforma y quiénes son sus beneficiarios más directos?

2014 se antoja como un año complicado para el sector industrial en México por el alza en impuestos producto de la reforma social y hacendaria. Además, debido a la naturaleza de largo plazo de la reforma energética, los tan publicitados menores precios en ciertos energéticos no llegarán a tiempo para compensar la mayor tributación. A pesar de esto y, de ser bien implementada, la reforma financiera puede convertirse en un verdadero salvavidas para la industria de nuestro país. La expansión del crédito y el apoyo decidido de la banca de desarrollo son determinantes para que el sector industrial pueda absorber la mayor carga fiscal sin detrimento alguno para la realización de proyectos de inversión. Sin embargo, la regulación en materia de competencia en el sector financiero será vital para asegurar el acceso a las fuentes de financiamiento, particularmente de las pequeñas y medianas empresas las cuales, pese a concentrar el 74% del empleo, captan sólo el 15% del crédito.

Con tasas de interés que fluctúan entre el 32% y el 62% y un costo anual total (CAT) entre 40% y 113%, las tarjetas de crédito en México se encuentran entre las más costosas del mundo. Los factores que explican semejante costo son el control oligopólico que ejercen los bancos (94.1% de la cartera de créditos de nómina es concentrada por cinco bancos), una deficiente evaluación en cuanto al riesgo de no pago de los clientes, así como el crecimiento de la cartera vencida. Por ello, la reforma financiera busca reducir las tasas de interés bancarias por medio de esquemas de eficiencia. La creación de juzgados especializados y la ejecución rápida de garantías permitirá agilizar los juicios mercantiles. Para los usuarios, se establece un esquema disuasivo bajo dos figuras: la radicación de personas –que pudiera crear controversias constitucionales en un futuro al constituirse como una especie de arraigo–  y la retención de bienes –a la que se recurrirá cuando se oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes para cubrir la deuda por la cual fueron consignados como garantía. Y para los bancos, se genera un esquema adecuado de incentivos para ofrecer los mejores servicios y condiciones al prohibir las ventas atadas y permitir que los clientes puedan transferir sus créditos al consumo o sus operaciones bancarias al banco de su preferencia.

Así, por un lado, la reforma financiera pretende detonar el crecimiento económico al expandir el crédito y, por el otro, busca reducir la cartera vencida a través de esquemas disuasivos para los potenciales clientes morosos. Pero así como dichos rigurosos esquemas eran necesarios, también será fundamental el papel de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) para garantizar un ambiente competitivo y con una oferta responsable de mejores productos financieros para los usuarios.

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