Por 88 votos a favor, 27 en contra, y una abstención, el Senado aprobó, el pasado 28 de abril, un nuevo dictamen relativo a la denominada reforma política del Distrito Federal. De esta manera, 53 artículos constitucionales serían tocados a fin de cambiar ciertas reglas operativas y de reparto de puestos políticos, así como modificar sin sustancia denominaciones como “delegaciones” por “alcaldías”, o “Distrito Federal” por “Ciudad de México”, en la entidad federativa que, a la fecha, es la casa de los poderes federales del país. Sobre los beneficios para la ciudadanía capitalina, éstos se remiten a una participación indirecta y parcial en la conformación del cuerpo legislativo que se encargaría de diseñar la posible Constitución Política de la Ciudad de México; nada más. Asimismo, cabe señalar que dicha Constitución local quedaría muy limitada por las disposiciones especiales concernientes al D.F., cuyo estatus no terminará por convertirse en un estado como tal, sino permanecerá como una entidad privilegiada en aspectos presupuestarios respecto a sus homólogas –por ejemplo, en los temas de subsidios al transporte, o de responsabilidades financieras y administrativas de sectores como salud y educación—, y también como una entidad desfavorecida en términos de potestades ciudadanas para la rendición de cuentas de funcionarios, y por el fortalecimiento del poder centralizado investido en la figura del jefe de gobierno.
La minuta correspondiente ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su revisión, aunque ya no se procesara en ese ámbito, quedando la duda de si fue por diseño o por responsabilidad. Los coordinadores parlamentarios del PRI y el PAN en San Lázaro no descartaron la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes del 31 de agosto, cuando la LXII Legislatura llegará a su fin. Los panistas se hallan divididos en el asunto y ello se manifestó en los debates senatoriales. Además, la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados ha expresado su interés en modificar diversos puntos de la minuta recibida del Senado. Sin embargo, aun si el PAN unificara a su grupo parlamentario, no alcanzaría los escaños suficientes a fin de cambiar la reforma si perredistas y priistas –con sus adláteres—sostienen un acuerdo. Dado que los comicios federales intermedios están a poco más de un mes de realizarse, las probabilidades marcan que, si no se derrumba la alianza entre el PRI y el PRD, la reforma política del D.F. podría transitar dicha aduana entre junio y agosto próximos. Si ambas cámaras del Congreso de la Unión llegan a coincidir en un proyecto de reforma, sólo bastará la aprobación de 17 de las todavía 31 legislaturas locales. El interés de sacar una reforma, previo a la entrada de los nuevos diputados emanados de las elecciones del 7 de junio, radica en que la distribución de las fuerzas políticas en dicha cámara estaría por cambiar. En este sentido, el PAN podría incrementar su fuerza, el PRI experimentaría un ligero estancamiento, pero las fuerzas de izquierda quedarían fragmentadas entre el PRD y MORENA. Este último, junto con algunos sectores de Acción Nacional y de alguna otra izquierda sobreviviente, tendría la capacidad de volver a frenar la reforma. La pregunta aquí es: ¿realmente está el PRI interesado en concretar esta serie de alteraciones al régimen de gobierno del Distrito Federal?
El proyecto que la izquierda siempre había defendido, en especial desde la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno en 1997, era la transformación del D.F. en el estado número 32. Esto se lograría con la derogación del artículo 122 de la Constitución, el cual define cuáles son los derechos y obligaciones particulares a esta entidad. Si eso ocurriere, el D.F. se regiría por los preceptos del 115 constitucional, es decir, aquel que postula las bases de la organización de los municipios –en este caso, las presentes delegaciones—, y de los artículos del 116 al 121, aquellos donde se plasman las facultades y limitaciones de los estados. En cambio, la reforma aprobada en el Senado hace unos días, cuyo diseño retoma en buena medida una propuesta enviada meses atrás por el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no sólo conserva la mayoría de las prerrogativas y bemoles propios a la entidad, sino también abre el juego político a fin de facilitar que partidos de fuerza minoritaria en la capital, primordialmente el PRI, tengan la posibilidad de acceder a cargos de toma de decisión –como la Asamblea Constituyente, cuyo carácter es transitorio y, según la minuta, sus miembros no recibirían remuneración alguna por su trabajo en la creación de la Constitución local— y a puestos públicos como serán los concejos de las alcaldías –una figura equivalente a la de los cabildos municipales, con sus síndicos y regidores.
Si bien los cambios en lo referente a las alcaldías y sus concejos funcionarían hasta 2018, la Asamblea Constituyente está planeada para integrarse tras una elección extraordinaria a celebrarse el 5 de junio de 2016. De estos comicios, saldrán los nombres de 60 de 100 miembros de la Asamblea –la cual sería un órgano distinto y desvinculado de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del D.F.—surgidos de una repartición de representación proporcional al número de votos emitidos (es decir, si un partido obtuviera 20 por ciento de los sufragios, tendría derecho a colocar a la quinta parte de los 60 constituyentes plurinominales). Por su parte, los 40 constituyentes restantes serían designados de la siguiente forma: 14 senadores y 14 diputados federales, elegidos por acuerdo de sus respectivas Juntas de Coordinación Política; 6 nombrados por Miguel Ángel Mancera; y 6 por el presidente Enrique Peña. En suma, la vía plurinominal y las designaciones desde Los Pinos y de las cámaras federales de mayoría priista, le daría al tricolor una especie de sobrerrepresentación en el Constituyente local.
Sin duda, la reforma política del D.F. es compleja y delicada. No obstante, este reciente intento avalado en el Senado, aun cuando es el más cercano a concretarse, no representa cambios sustantivos en beneficio de los ciudadanos. Por el contrario, sus disposiciones ampliarán la burocracia local (con el respectivo costo a los contribuyentes), dará más juego a partidos que han sido castigados por el voto de los capitalinos, maniatará a los de por sí débiles jefes delegacionales convertidos en alcaldes, y dará posición de privilegio a un poderoso jefe de gobierno. Así, la democracia de la Ciudad de México continuará siendo de cuarta.
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